El ministro de Economía y ex subsecretario de Obras Públicas (MOP), Lucas Palacios, declaró hace unas semanas ante la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía, que investiga una docena de presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias en la Seremi de Obras Públicas de esa región. El caso, que cobró relevancia en febrero tras revelarse un audio de WhatsApp en el que Gustavo Hasbún, ex diputado UDI, le menciona al ex contratista del MOP, Bruno Fulgeri, que podía hablar conPalacios. También dice "ojo, que esto cuesta plata". El registro lo dio a conocer Fulgeri y Hasbún niega que su frase se refiere a sus supuestos honorarios como abogado. El actual titular de Economía también descartó cualquier tipo de pagos o traspasos de dinero de Hasbún o Fulgeri y autorizó a que se revisara su cuenta bancaria.

Redacción

El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, dijo ayer que "formar parte de la 'primera línea', o integrar una 'primera línea', no es un delito. Si los integrantes de la 'primera línea' roban, saquean o destruyen, esos hechos sí son constitutivos de delito". Sus palabras a radio T13 fueron a propósito de la liberación de 43 de los 44 detenidos por desórdenes en Plaza Italia que pasaron a control de detención el miércoles, decisión que recibió desde el Gobierno y desde el oficialismo.

"La prisión preventiva está contemplada para delitos más graves, como crímenes, o para gente con muy malos antecedentes (...). Por lo tanto, sería absurdo dejarlos detenidos. Quizás nos gustaría que quedaran detenidos, pero en los juicios nosotros tenemos que aplicar las leyes", continuó Silva. Su comentario va en línea con lo señalado por el fiscal metropolitano oriente, Manuel Guerra, quien el fin de semana pasado dijo que "no se ha creado en Chile el delito de 'primera línea'".

La respuesta del presidente de la Corte suprema se dio en el contexto de los dichos del miércoles del intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, en que sindica como integrantes de la "primera línea" a parte de los 62 detenidos en Plaza Italia por Carabineros con una nueva estrategia que se ha denominado "encerrona". Tanto la autoridad metropolitana como desde la institución policial y desde La Moneda, insistieron en que se trata de "violentistas" o "delincuentes".

De los que pasaron a control de detención en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, 16 eran menores de edad que quedaron "apercibidos", a 27 se les determinó medida cautelar de firma bimensual y solo uno quedó detenido, con fianza de 250 mil pesos para acceder a libertad bajo firma mensual. El plazo de investigación se fijó en 70 días.

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quedó disconforme con la decisión y anunció que apelará.

"El esfuerzo policial por detener a estos violentistas y proteger a los vecinos debe ir acompañado de sanciones rigurosas. Apelaremos esta decisión y seguiremos trabajando para recuperar el orden público", publicó en su cuenta de Twitter.

La vocera de gobierno Karla Rubilar, lamentó la decisión indicó que "dados los antecedentes, no compartimos la decisión -la Fiscalía tampoco, porque podría tomar medidas cautelares gravosas- que tomó el juzgado, pero tampoco nos corresponde profundizar en esa decisión".

Por su parte, el senador RN Andrés Allamand señaló en Twitter: "¿De qué sirve que Carabineros de Chile detenga a delincuentes de la 'primera línea' si los tribunales los dejan en menos de un día en libertad (...)con el criterio de algunos jueces va a ser imposible derrotar a los violentistas, que seguirán amenazando a los chilenos".