Hace más de 40 años que la ciencia ha ido acumulando una importante evidencia respecto de las amenazas inmediatas a nuestra forma de vida. El cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación de nuestros ecosistemas no están en duda a nivel científico. Esta evidencia apunta a una pérdida de la estabilidad social, económica y política debido a la crisis ambiental más grave que ha conocido la humanidad. Lo anterior, no solo en Chile, sino que en el mundo, la sociedad civil ha comenzado a tomar conciencia, informarse y comprender lo que el sector político aún parece no asumir. Sin embargo, conservar hoy es político. Los presupuestos para proteger nuestra biodiversidad dependen exclusivamente de una decisión política. Existen los conocimientos, la experiencia y profesionales calificados en Ministerio del Medio Ambiente y la CONAF. No obstante, estos se ven atrapados en escuetos presupuestos y marcos regulatorios débiles que no permiten cumplir con las necesidades que exige la sociedad. Conocido es el caso del Servicio de Biodiversidad que se discute en el parlamento desde hace 10 años, así como también la ley y reglamento de áreas protegidas privadas, la cual, simplemente, no existe. Las organizaciones civiles han aportado de manera decisiva a nivel de concientización, pero no se ha logrado avanzar en un punto clave para lograr la conservación del medio ambiente, porque los permisos para la instalación de grandes empresas contaminantes terminan decidiéndose en una comisión compuesta absolutamente por políticos. A lo cual se suma que los reglamentos que permiten, o no, la instalación de faenas, la extracción de agua, la emisión de contaminantes, no son más que una serie de normativas decididas a nivel de poderes políticos. La batalla ambiental hoy se gana en un solo lugar: las urnas. Asimismo, el uso del plástico, combustibles, la experimentación irresponsable con glaciares, el desincentivo al uso de la bicicleta o la cantidad de educación ambiental que reciba una persona son decisiones donde no participan los científicos de manera directa ni tampoco la sociedad civil, sino decisiones que se toman a nivel de poder ejecutivo y poder legislativo. Estamos en el momento clave donde la sociedad civil tiene el poder y el deber de buscar las formas definitivas para proteger el medio ambiente y eso pasa por exigir programas de gobierno, de todo nivel que modifiquen las leyes actuales que propongan reglamentos que nos permitan contar con un sistema de políticas públicas basadas en la evidencia. Es en la democracia donde se debe buscar la representación de nuestras ideas y si nuestra idea es sobrevivir como especie, entonces, es la democracia donde debemos exigir a nuestros representantes la protección ambiental que merecemos.
Pablo Rebolledo Dujisin
Director Carrera de Ecoturismo
Universidad Andrés Bello
