Constanza Espinoza Morales

Dentro de su labor como ente persecutor, la Fiscalía de Arica y Parinacota informó acerca de su importante trabajo en la protección de víctimas y testigos en casos de violencia intrafamiliar para prevenir que estos conduzcan a delitos con desenlaces fatales, como es el caso de los femicidios, los cuales ya son dos en lo que va del año en la región.

Durante este año, la ciudadanía ha percibido un aumento en los delitos a lo largo de la ciudad de Arica, especialmente los de carácter violento. En ese sentido, Javiera López Ossandón, jefa regional del órgano encargado de la persecución penal y protección de víctimas y testigos se refirió a los actuales desafíos en cuanto al acontecer delictual en la región, incluyendo además la implementación de leyes como la 21.057 de entrevistas videograbadas, la que viene a generar un antes y un después en los procesos penales que involucran a menores de edad.

¿Cómo coordinarán desde Fiscalía los próximos casos que involucren la Ley 21.057 de entrevistas videograbadas, la cual ha tenido distintas miradas desde su implementación?

La Ley empezó a implementarse en la región el 3 de octubre, la cual establece un cambio cultural bastante importante en cuanto a la concepción de la intervención del menor dentro del proceso penal. Evidentemente, van a haber distintas miradas e interpretaciones de la Ley, porque cada institución tiene que cumplir con su papel. Me parece que más bien se trata de situaciones propias de la implementación de una Ley que tiene tantos cambios. Vamos a estar en un período de ajuste, y en ese período probablemente van a haber más casos en los cuales haya diferencias de opiniones hasta que esta situación se siente y puedan haber más casos que permitan que una misma forma de trabajo se desarrolle y no haya distintas visiones por parte de las instituciones. Esto se ha venido coordinando desde bastante tiempo, en cuanto a la Ley y a la implementación, pero ya el detalle de cómo se desarrolla una audiencia probablemente ahí es donde vamos a dar los primeros pasos para efectos de que podamos llegar a un consenso. Sin prejuicio de que siempre hay que tener claro de que estamos en un proceso penal de carácter adversarial, y van a haber ciertas visiones distintas.

Acontecer delictual

¿Cuáles son los delitos más comunes que se investigan en la región?

En cuanto a ingresos totales, cerca del 10% en la región son de violencia intrafamiliar, cerca del 10% o 12% son delitos contra la ley de extranjería, principalmente ingresos clandestinos. Y después de esos delitos, podríamos destacar los que tienen más presencia, por ejemplo las lesiones, las amenazas y después ya vienen delitos que tienen una diferencia en esta región con los a nivel nacional que es la ley 20.000, también el manejo en estado de ebriedad tiene una fluctuación superior con otras partes del país.

¿Cuántos casos llegan a término en promedio?

Si estamos hablando de ingresos en el año, fluctuamos entre 20 mil a 22 mil ingresos anuales, y se terminan más causas de las que ingresan, por lo menos ese ha sido el comportamiento de los últimos 5 años. Además de que las causas se terminen, podemos decir que en esta región tenemos altos índices de términos de carácter judicial, los que corresponden a casi un 48%, versus un archivo provisional que no pasa del 50% en esta región, lo que evidentemente es una cifra bastante buena en comparación con el promedio nacional, en donde las salidas judiciales no pasan del 40%. Eso es importante, porque además de terminar causas, lo que a nosotros nos interesa es la calidad del término, que tenga un significado desde el punto de vista de la prevención del delito. Es decir, disminuir la impunidad pero también satisfacer las pretensiones que pueda tener una víctima, además de que la pena sea proporcional al delito y a los antecedentes de la persona, porque si no tiene antecedentes la Fiscalía propone salidas mucho más beneficiosas como las salidas alternativas, las cuales permite la legislación.

Violencia contra la mujer

En ese sentido ¿Es común que en los casos de violencia intrafamiliar las víctimas desistan del proceso?

Toda causa de violencia intrafamiliar, y así lo entendemos nosotros en esta región trae, un riesgo que es la retractación o el desistimiento por parte de la víctima. Eso es algo normal dentro del círculo de la violencia, y en lo que nosotros estamos trabajando es precisamente en buscar mecanismos de adherencia de la víctima, pero también en construir investigaciones sin que la víctima o su declaración sea un detonante, esto se hace a través de otros medios de prueba. En el caso de la adherencia de las víctimas, nosotros como Fiscalía este año hemos firmado varios convenios con instituciones como Prodemu, Semce y otros más para efectos de poder derivar a nuestras víctimas a este tipo de programa, que lo que hacen es entregar mecanismos para que las víctimas puedan tener trabajo, capacitación, e incorporarse en distintos ámbitos que le permitan una independencia económica, ya que este factor junto con la situación de los hijos y otros pueden gatillar la retractación de las víctimas. Que una víctima se retracte, no significa que sea vinculante para la Fiscalía. Nosotros podemos seguir adelante la causa, sin embargo, en algunos casos en donde no hay más medios de prueba, no contar con la declaración de la víctima significa que uno se queda sin pruebas, por eso trabajamos en tener otros tipos de medios probatorios para construir un caso. De hecho, ha habido condenas, incluso en el Tribunal Oral en lo Penal, con casos de violencia intrafamiliar en que no hemos tenido a la víctima, o la hemos tenido retractada, y se ha acreditado el delito por otros medios de prueba.

Bajo ese contexto, en este año en la región ha habido dos femicidios en un lapso de 4 meses ¿Cómo enfrentan esta realidad y las investigaciones que están en curso?

La verdad es que ha sido un impacto a nivel regional y también como Fiscalía nos causó preocupación, porque para nosotros la violencia intrafamiliar es una materia que tratamos con mucho cuidado. Por lo tanto, el hecho de tener estos dos femicidios luego de muchos años sin este delito consumado, ya que hemos tenido femicidios frustrados, nos pone en alerta y tratamos de reforzar todos nuestros procesos de trabajo para poder ver si hubo alguna falla. En cuanto a la investigación de los delitos de femicidio, estos van a un fiscal especializado con enfoque de género, y lo que nosotros más trabajamos es en prevenir que ocurra maximizando las medidas de protección hacia las víctimas con violencia intrafamiliar, por lo que tratamos de convencer a las víctimas para que hagan las denuncias respectivas, porque en uno de los casos de femicidios no teníamos denuncias previas, entonces ahí había un riesgo que no se pudo minimizar. Esto no garantizaba que el hecho no hubiese ocurrido, ya que una persona con medidas de protección también puede ser víctima de femicidio, lamentablemente, pero minimiza el riesgo una medida de protección, una denuncia, una acción que por parte de la Fiscalía se puede hacer y por parte de las policías. Por lo tanto, es muy importante que las víctimas denuncien. Nuestro deber es proteger a las víctimas incluso cuando ellas estimen que no tienen riesgo, porque evidentemente pueden estar en un ciclo de la violencia en donde ellas minimicen cualquier tipo de agresión.

Contra el crimen organizado

¿Cómo enfrentan los delitos que contemplan a grupos delictuales?

El crimen organizado y principalmente el crimen organizado transnacional, dado que somos una región fronteriza, ha sido una de las prioridades de mi gestión. Para ello, se creó una Unidad de Alta Complejidad en la cual hemos tratado de reforzar el trabajo contra el crimen organizado. Como Fiscalía, lo que entendemos nosotros por crimen organizado se trata en definitiva de desbaratar bandas criminales que tienen una multiplicidad de sujetos que trabajan bajo un mismo fin criminal, que cometen delitos reiteradamente y que tienen un grado de sofisticación y organización que permite que su nivel de impunidad sea mayor, así también como sus ganancias. Las causas que hemos tenido principalmente han sido por asociación ilícita, y esta puede ser para muchos delitos; para usura, para tráfico de migrantes, tráfico de drogas, por ejemplo, ya que en definitiva se presenta en distintos fenómenos criminales. Para atacar al crimen organizado a través estas figuras, principalmente las asociaciones ilícitas, hay que realizar una investigación larga e intensa, utilizar una serie de mecanismos de investigación. Sobre todo, lo que buscamos es que la mayor parte de la organización sea sancionada y condenada a través de las investigaciones que nosotros llevamos. La lógica de esto, es poder tomar a los líderes de las organizaciones o a los financistas, y ojalá a todos los integrantes. Si uno va por integrantes que se encuentran en una más baja jerarquía, esa persona está privada de libertad pero aparece otra, son fácilmente intercambiables por parte de una organización. En cambio un financista, un líder o varios integrantes es mucho más difícil que sean reemplazados, por lo que se frena este fenómeno criminal.

¿Cuál ha sido el desarrollo del desbaratamiento de estas organizaciones?

Hemos tenido cerca de 50 condenados durante los últimos 3 años sólo por los delitos de asociación ilícita y lavado activo. Esto, sin considerar las condenas por tráfico de drogas ni tráfico de migrantes, de las cuales se han logrado condenas importantes, delitos que son muy difíciles de acreditar, por lo que estas sentencias a nuestro juicio van demostrando que la calidad de las investigaciones van mejorando, tienen un estándar alto. Además, de esta manera, vamos frenando todo el fenómeno, no dejamos personas que sigan trabajando en este negocio ilícito, y vamos a seguir trabajando.