Un conductor peruano fue detenido por personal de Carabineros en plena carretera hacia Tacna por cometer dos delitos.

De acuerdo a lo expuesto ayer en el Tribunal de Garantía de Arica, una taxista advirtió a Carabineros que un hombre de nacionalidad peruana de iniciales M.A.L.C. estaba ejerciendo el transporte internacional a la vecina ciudad sin contar con permiso. Al ser controlado el conductor e interrogar al pasajero que llevaba, Carabineros comprobó que el chofer infringía la ley al realizar en forma ilegal el transporte de pasajeros a Tacna. Fue allí que el hombre intentó sobornar al personal ofreciendo pagarles 26 mil pesos. Por estos delitos, el chofer fue formalizado quedando con firma mensual.

Un sujeto amigo de lo ajeno, quiso repetir una acción que no le había significado gran castigo, pero esta vez la Justicia endureció la mano y lo dejó sin poder salir de su casa a lo menos durante las 60 noches que pasarán hasta que concluya la investigación.

Ayer regresó al Tribunal de Garantía, un hombre de iniciales E.M.V.F. que sólo hace un semana había sido formalizado ahí mismo por un robo en lugar no habitado, quedando con la medida cautelar de firma mensual.

La sorpresa fue que el sujeto al parecer se había "encariñado" con el sitio del robo, porque fue imputado de otro delito igual y en el mismo local donde una semana atrás había sustraído especies.

En esta ocasión, el fiscal Álex Ormazábal García abrió un investigación contra el hombre, imputándolo de robo en lugar no habitado.

El persecutor detalló que el sujeto ingresó a un local comercial de calle Velásquez, rompiendo un vidrio y apropiándose de 50 mil pesos.

Los dueños del local mediante una cámara de seguridad pudieron identificar al ladrón, comprobando que era el mismo sujeto que la semana anterior les había robado.

Por ello, el fiscal solicitó una medida cautelar más gravosa como el arresto domiciliario nocturno.

La defensora María Belén Mora se opuso a la medida señalando que su defendido no tiene causas anteriores a estas dos.

Pero, el juez Héctor Barraza Aguilera acogió lo solicitado por el fiscal con plazo de 60 días.