Con la firma de contrato y la entrega oficial de los terrenos a la empresa contratista encargada de los trabajos, hace sólo unos días el Ministerio de Vivienda dio inicio al proceso de cierre e inhabilitación de los terrenos en donde se ubicó el campamento Coraceros, a la salida sur de Arica. El cierre del campamento Coraceros no es solamente una cuestión que tenga alcances sociales o políticos; más bien se trata de una acción que tiene fundamentos técnicos y de seguridad.

Las recientes lluvias estivales y los temporales generados en la zona alta de la región, terminaron con aluviones de inundaciones y activaron quebradas que por años permanecieron silentes. Hoy se sabe que si vuelve a bajar agua por estas quebradas, sin que se tomen las medidas de resguardo, los resultados pueden ser catastróficos.

La oportuna acción de las autoridades en el verano evitó que la bajada del aluvión en la quebrada de Acha terminara convirtiéndose en una tragedia mayor, a pesar que buena parte del mismo campamento Coraceros fue barrido. Es literalmente vital que el Estado tome acciones a tiempo para evitar que poblaciones o asentamientos mal emplazados, terminen siendo afectados especialmente por emergencias.

La región se encuentra trabajando ya en definir puntos donde existen riesgos geológicos para que se instalen viviendas u otras construcciones, que no puedan enfrentar con seguridad un escenario de emergencia.

De manera similar, hace sólo unos días la Cámara Chilena de la Construcción llamó a que nuestra ciudad y la región, avancen hacia obras públicas y privadas resilientes, capaces de aguantar los embates de la naturaleza.

Mientras tanto, se debe aprender rápidamente de la experiencia del verano para evitar males mayores, y junto con ello también disponer de las medidas que solucionen los problemas de vivienda que lamentablemente también se desatan luego de la erradicación de un campamento. La clave en todos estos casos siempre es adelantarse a los hechos, anticiparse a un emplazamiento irregular, ilegal y peligroso, como también a un escenario de emergencia que pueda generar una catástrofe.

El diseño que adoptó el Estado para la resolución de conflictos de orden jurídico, supone generalmente iniciar un proceso con sus fases de discusión, prueba y sentencia, que garantice los derechos de las partes, mediante un contradictorio esquema de tesis y contratesis de sus proposiciones jurídicas.

Hoy, no obstante, ese escenario tradicional no parece ser la respuesta a los inquietantes y exigentes desafío que plantea.

Me referiré al ámbito penal, no distinto en otras áreas judiciales. De todas las denuncias que recibe a nivel nacional el Ministerio Público, únicamente son judicializadas el 44% de aquellas, y llegan a sentencia solo el 38%.

El origen de esa gran cantidad de denuncias no formalizadas, e incluso de las ingresadas al sistema de justicia y sentenciadas, está vinculado con el consumo problemático de drogas y alcohol, que en adolescentes infractores llega aproximadamente al 80%.

La OEA en su estudio sobre la prevalencia en el uso de alcohol y drogas en América, año 2019, reveló que los estudiantes secundarios de nuestro país lideran largamente el consumo de pasta base, marihuana, cocaína, tranquilizantes y tabaco, en cifras que, en algunos casos, relativa a la marihuana, son casi el doble del siguiente país con consumo más alto. Días atrás Senda dio a conocer un estudio preocupante sobre el consumo de drogas en estudiantes universitarios.

El abordar este fenómeno crítico de asociación drogas y delitos en los jóvenes chilenos exige hacerlo con procedimientos eficaces que aseguren buenos resultados. De eso se ocupa el Programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas y Alcohol en adolescentes que infringen la ley penal, que no es más que una metodología utilizada por los mismos jueces, fiscales y defensores existentes, con apoyo interdisciplinario de orden social, psicológico y psiquiátrico, y un procedimiento colaborativo, no adversarial. Ello asegura un tratamiento exitoso de la adicción supervisado judicialmente y lo que es más relevante, reduce significativamente la reincidencia delictual en dos de cada tres casos tratados.