Un joven de 17 años, de supuesta nacionalidad venezolana y sin una vivienda fija, habría abordado a una mujer para robarle en una feria del sector de Cancha Rayada, cerca del Centro de Salud Amador Neghme, alrededor de las 15.00 horas del pasado lunes.

Según antecedentes entregados en la formalización por el fiscal Daniel Valenzuela, el menor se acercó a la víctima, una mujer de nacionalidad peruana que estaba atendiendo en esa feria, la intimidó mostrándole un cuchillo con un cuchillo de hoja larga que traía en la pretina de su pantalón. El joven habría logrado sustraer prendas de vestir y un paquete de papel higiénico, especies avaluadas en 15 mil pesos aproximadamente. En su formalización no pudieron confirmar si su nacionalidad era venezolana, ya que el menor sólo contaba con algunos registros provenientes de Colombia y, de acuerdo a la defensa, durante la interrogación posterior a su detención, el imputado parecía estar desorientado y hablaba incoherencias, situación que se mantuvo durante su audiencia.

Debido a estas condiciones, se le decretó la prisión preventiva durante los 70 días de investigación y la revisión de un especialista en la Unidad Psiquiátrica Forense del Centro Penitenciario para determinar la verdadera condición mental del joven.

El hecho se registró durante la jornada del jueves alrededor de las 16.00 horas en la intersección de las calles Maipú con Baquedano, cuando un hombre pasó junto a una pareja y le dio empujón a la mujer para que soltara el teléfono que tenía en sus manos. Este movimiento alertó a la pareja, la cual comenzó a seguir al hombre que supuestamente habría sustraído el aparato. Tanto la víctima como otras personas persiguieron al hombre de 37 años hasta entrar en una panadería del sector. Los testigos trataron de retener al supuesto culpable en el local, lo que terminó en una riña entre las personas involucradas, generando daños en el establecimiento. Posteriormente, Carabineros detuvo al hombre y este fue llevado a la justicia. Debido a que el teléfono no fue encontrado, al imputado se le decretó arresto domiciliario nocturno y la prohibición de acercarse a la víctima debido al largo historial delictual que tenía.

Un millonario decomiso de droga se llevó a cabo en el Paso Fronterizo Chungará el pasado jueves por la noche, cuando tres mujeres extranjeras intentaron ingresar al país con 4.790 pastillas de metilendioximetanfetamina, o sustancia comúnmente conocida como éxtasis. Se trata de una carga que estaba avaluada en más de 71 millones de pesos chilenos. Este procedimiento es la mayor incautación que se ha realizado en el Paso Fronterizo de Chungará hasta la fecha. Las imputadas, todas de nacionalidad colombiana, traían esta droga desde Cali, Colombia, y habían estado en Ecuador y Perú. Su último viaje fue en bus desde La Paz, Bolivia, con el objetivo de entrar a Chile y llegar hasta Santiago.

De acuerdo a antecedentes entregados por el fiscal de turno, Daniel Valenzuela Castillo, quien formalizó a las imputadas por tráfico de drogas, cada una de ellas transportaba en su cuerpo diferentes cantidades de pastillas de éxtasis a través de una faja tipo calzón; una de ellas traía consigo 1.587 pastillas, otra de las imputadas llevaba 1.807 entre sus ropas, mientras que la otra involucrada llevaba 1.396.

Además, a las imputadas se les requisó dinero y teléfonos que se presumen eran para gestionar la entrega de la droga. Personal de Aduanas realizó la fiscalización y contabilización de las especies requisadas, mientras que la Brigada de Antinarcóticos de la Policia de Investigaciones realizó la detención. Debido a toda la evidencia recopilada y al peligro para la salud pública que representaba esta carga de droga que intentaron ingresar al territorio chileno, a las tres mujeres se les decretó la medida cautelar de prisión preventiva, al menos por un plazo de 90 días mientras dura la investigación, con una nueva audiencia programada para el 2 de agosto de este año.

Debido a que no cuentan con ningún tipo de contacto en Chile, la defensa las visitará en el Centro Penitenciario dos veces al mes y hará todo lo posible para comunicarse con las familias, además de solicitar sus antecedenes penales, las que podrían arriesgar una sentecia de 5 años y un día, hasta incluso los 15 años de presidio.