Incorporar la perspectiva de género en la administración de justicia es un elemento esencial para garantizar el efectivo acceso a la misma y constituye una obligación del Estado en cuanto implica reconocer y aplicar el principio de igualdad establecido en la legislación -nacional e internacional- y visibilizar prejuicios y estereotipos que pueden obstaculizar la aplicación de dicho principio en el caso concreto. Hoy no existe controversia respecto de que la debida protección de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción, en especial de las mujeres y grupos vulnerables es responsabilidad de todos los funcionarios/as del Estado, entre ellos quienes somos parte de la judicatura. Por ello, la decisión de la Corte Suprema en orden a hacer realidad la "Política De Igualdad y No Discriminación" y la implementación de un Cuaderno de Buenas Prácticas, se traduce en un cambio de paradigma respecto de cuál es el rol de los jueces y cuáles son los elementos que debemos considerar en el conocimiento de las causas, para la emisión de sentencias respetuosas de los derechos humanos, que garanticen el acceso efectivo a la justicia. Juzgar con perspectiva de género es buscar soluciones justas a situaciones desiguales y ello se logra evitando una aplicación meramente formalista del derecho, lo que contribuye a hacer realidad el derecho a la igualdad. Responde a un mandato constitucional y al deber de cumplir con el Sistema Internacional de DD.HH. de las Mujeres, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y que se encuentran en coherencia con el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Juzgar con perspectiva de género no compromete la imparcialidad, ni la independencia de quienes impartimos justicia, ya que con ello no se plantea decidir el proceso a favor de las mujeres, sino, reconocer si se está ante un caso en que existe una discriminación de género, visibilizar los estereotipos que contribuyen a perpetuar la desigualdad, analizar su particular condición y garantizar que quien concurre a un tribunal tenga un acceso efectivo a la justicia.

Una de las imágenes más lamentables que ha estado ofreciendo la ciudad en los últimos meses, especialmente en el sector céntrico, es la destrucción de los segregadores o bolardos. Estos elementos que parecen pilares repartidos por algunas calles, fueron una de las principales novedades del Proyecto de Conservación de Aceras que comenzara a ejecutarse durante el gobierno anterior y que recién fuera recepcionado por la Municipalidad de Arica en agosto del año 2018.

A fines de febrero, el gobierno comunal dio a conocer que fueron poco más de mil 200 los segregadores que se instalaron en 54 calles de Arica, como parte de esta iniciativa que fue encabezada por el Serviu, y que también incluyó el recambio de las baldosas.

El año pasado, cuando la municipalidad recibió la obra, ya se registraban destrozos en algunos de estos bolardos. El Serviu había informado que la reposición de cada uno tenía un costo que bordeaba los 230 mil pesos, recursos que tendrían que necesariamente ser de cargo del municipio, al quedar con estos trabajos como parte de sus competencias.

Ahora, la municipalidad anuncia un nuevo catastro para conocer realmente cuántos de estos elementos han sido destruidos. Lo cierto es que no son todos, pero tampoco son pocos los que han terminado derribados. Se espera que los resultados se conozcan pronto.

Y es que esto, más allá de lo cuantitativo, habla de lo decepcionante que resulta el que se presente una iniciativa de este tipo, con inversiones importantes (el proyecto completo de conservación demandó una inversión cercana a los 5 mil millones de pesos) para que la imagen que termine en la retina en muchas ocasiones, sean los bolardos derribados y además, abandonados en las calles.

Algunos de estos elementos han permanecido semanas botados junto a las aceras, lo que suma una serie de impresiones desfavorables, creando una imagen de despreocupación e inutilidad que no le hacen bien a la ciudad.

La historia del largo proyecto de conservación de aceras en el centro, necesita tener un final como corresponde, como se debe, y como se espera.