Uno de los problemas de la región que ha quedado críticamente en evidencia en estos días emergencia, ha sido lo vulnerable de la conectividad regional con el resto del país. Casi cinco mil personas estuvieron esperando salir de Arica por tierra, en buses, luego que se iniciara la emergencia y la Ruta 5 sufriera cortes, especialmente en el sector de la Quebrada de Chiza.

A pesar que algunos tramo de la carretera, especialmente en las cuestas, habían sido recientemente actualizados con reparaciones que permitieron ensanchar las calzadas y hacer más seguras estas vías, en sectores críticos la bajada de quebradas terminó pasando a llevar tramos antiguos e incluso, algunos que se estaban renovando.

El caso es que la Ruta 5 es en este momento, la única vía por tierra que tiene Arica para conectarse con el resto del país, de manera que su importancia es crítica. Hoy, este hecho se puede apreciar en virtud de la emergencia que estamos enfrentando.

Sin embargo, nuestra ciudad y la región no sólo están conectados por tierra con Chile. También existe conexión aérea, a pesar que usuarios, especialmente a través de las redes sociales, han manifestado su descontento respecto a la eficiencia que presenta esta alternativa en momentos como el que ahora atravesamos.

La reciente llegada de una línea aérea "low cost" logró no sólo que aparecieran nuevas alternativas tarifarias, sino que también dio paso nuevas rutas interregionales, que hace ya un par de años se perdieron, luego que las actuales operadoras desde Arica concentraran todos sus viajes hacia Santiago.

Hoy, la comunidad reclama más alternativas y mejores conexiones a partir del transporte aéreo. Si bien se trata de negocios privados que evalúan rentabilidades, también es un servicio clave para zonas extremas y hoy, prácticamente aisladas como la nuestra.

Hay infraestructura pública que se usa para estas operaciones de empresas particulares, obras que en el fondo, pagan todos los chilenos. Es por eso que se trata de un servicio clave, crítico, respecto del cual, hoy la ciudadanía reclama un mayor protagonismo del Estado.

Esta ley creó el Acuerdo de Unión Civil, que es un contrato celebrado entre dos personas que comparten un hogar, con el propósito de regular los efectos jurídicos derivados de su vida efectiva en común, de carácter estable y permanente. Los contrayentes se denominan convivientes civiles y son considerados parientes para los efectos previstos en el artículo 42 del Código Civil. Su celebración confiere el estado civil de conviviente civil, y a su término los contrayentes vuelven al estado civil que tenían antes de celebrarlo. El acuerdo no podrá sujetarse a plazo, modo ni gravamen alguno, ni tampoco puede prometerse su celebración. Entre un conviviente civil y los consanguíneos de la persona con que está unida por dicho acuerdo existirá, mientras esté vigente, parentesco por afinidad.

El acuerdo de unión civil se celebra ante un oficial del Servicio del Registro Civil. Para su validez es necesario que los contrayentes sean mayores de edad y tengan la libre administración de sus bienes. Y además, que el consentimiento sea libre y espontáneo. Cuando el acuerdo haya expirado, la mujer que está embarazada no podrá contraer matrimonio con un varón distinto ni celebrar un nuevo acuerdo antes del parto, o, no habiendo señales de preñez, antes de cumplirse 270 días subsiguientes a la expiración del acuerdo.

Los convivientes civiles conservarán la propiedad, goce y administración de los bienes adquiridos a cualquier título antes de la celebración del contrato y de los que adquieran durante la vigencia de éste, a menos que se sometan de manera expresa a las reglas que establece esta ley, las que deben ser acordadas por los contrayentes, debiendo dejarse constancia el acta de su celebración.

El acuerdo de unión civil termina: a) por muerte natural de uno de los convivientes civiles; b) por muerte presunta; c) por matrimonio; d) por mutuo acuerdo; e) por voluntad unilateral, que debe constar por escritura pública o acta ante oficial del Registro Civil. En estos casos se debe notificar al otro conviviente mediante gestión voluntaria ante un tribunal de competencia en materia de familia. f) por declaración judicial de nulidad del acuerdo.