Los masivos despidos de funcionarias/os públicos de fines de noviembre de este año, en la diversas áreas del sector público, educación, secretaría de gobierno, bienes nacionales, periodistas de distintos servicios etc., vulneran la estabilidad laboral a trabajadores y trabajadoras. Despidos caracterizados por decisiones que van más allá de la lógica de esa necesaria adecuación de equipos de confianza y que afectan en forma directa los derechos laborales, vulnerando normativas establecidas incluso por el órgano contralor que garantizan la estabilidad laboral a trabajadores prontos a jubilar, trabajadores con años de servicio y trabajadores con enfermedades catastróficas, entre otros puntos.
Es aun más incomprensible el sentido de esta decisión política, tomando en cuenta que estos despidos producen un déficit de capacidades y experiencia acumulada en cada funcionaria y funcionario que significará una desaceleración en la ejecución de programas y proyectos para la región, algo no menor y que preocupa todavía más ya que la ola de despidos se produce, particularmente en nuestra región cuando el desempeño del Gobierno Regional ha tenido una deficiente conducción alcanzando en el penúltimo mes del año, la baja cifra de cerca del 50% de ejecución presupuestaria. Incluso el CORE ha alertado y levantado una voz crítica a tantos cambios, asegurando que es prácticamente imposible que los despidos no afecten el desempeño del gobierno regional, del cual son parte, ya que el magro avance 2018 es gracias a proyectos de arrastre, pero casi nada nuevo de este gobierno. Ante esta crítica preocupada por la inversión regional, un asesor jurídico del Gore le impone al CORE un discurso más amenazante que dialogante. ¿Cómo están hoy las necesarias confianzas entre un gobierno regional y un consejo regional?
Hoy solidarizamos con los más de cien trabajadores y trabajadoras, muchas de ellas Jefas de Hogar, que han sido despedidas en forma arbitraria y que representan a más de cien familias que sufren las consecuencias de estas decisiones. Cabe aclarar que estas decisiones afectan incluso a funcionarios con enfermedades catastróficas como cáncer por ejemplo, funcionarios con 10, 15, 20 y hasta 25 años de servicio, en quienes además el Estado ha invertido capacitándoles con el objetivo de contribuir al mejoramiento del ejercicio del servicio público que se traduce en mejor gestión para el desarrollo del país y sus regiones. También saludamos las acciones de trabajadoras que luchan dignamente para denunciar estas arbitrariedades y maltratos de algunas autoridades regionales en particular.
Hacemos un llamado a las autoridades políticas a respetar la dignidad de las trabajadoras y trabajadores del sector público y sus propias promesas de campaña, y hacemos nuestras las medidas que las asociaciones que representan a los trabajadores realicen en su legítima defensa.
Carolina Videla Osorio
Partido Comunista de Chile
Dirección Regional Arica y Parinacota
