El juicio oral de la denominada Operación Desierto llegó a su término y ayer dieron a conocer la sentencia. Penas que en total suman 69 años de cárcel efectiva para los cuatro miembros de la mayor red internacional de tráfico de migrantes en Chile, la cual fue desbaratada el año 2016 en el marco de una investigación de la Fiscalía junto al OS9 de Carabineros, que incluyó un inédito operativo simultáneo en Chile y en varias ciudades del Perú.
El juicio duró cerca de dos meses, periodo en que la Fiscalía logró acreditar los delitos tras presentar una serie de pruebas y desgarradores testimonios de víctimas, tras lo cual se dictaron las sentencias de los acusados, todos ciudadanos peruanos.
Así, Reyna Huaringa Maquera fue condenada a una pena de 5 años y un día por el delito de asociación ilícita para el tráfico de migrantes y a otra pena de 10 años por tráfico de migrantes reiterado. En tanto, Yemeyel Morales Álvarez recibió sentencias de 10 años y 12 años de presidio, respectivamente; Kharlo Zárate Sunción fue condenado a 6 años y 11 años; y Kliver Zárate Sunción a penas de 5 años y un día y 10 años.
El juicio incluyó 89 casos de víctimas traficadas a nuestro país (todos ciudadanos dominicanos) y fue dirigido por la Fiscal Regional Javiera López junto al fiscal Daniel Valenzuela.
"Logramos acreditar que acá se puso en riesgo la vida de las víctimas migrantes, ya que se les expuso a zonas de campos minados donde uno de ellos fue víctima de una explosión de mina antipersonal sufriendo la amputación de su pierna, así como también se expuso a las víctimas que hicieron ingresar por Colchane, donde se vieron expuestas a temperaturas extremas y factores como la altura, entre otros", señaló el fiscal Daniel Valenzuela.
Indemnizacion
El Tribunal también acogió la demanda civil que presentó el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) por 11 víctimas; si bien ellos estaban solicitando el pago de 10 millones de pesos, el tribunal resolvió la indemnización de 4 millones para cada uno de los afectados.
"Es un fallo histórico en Chile, porque se interpuso una demanda civil por la organización más grande de tráfico de migrantes desde que existe este ilícito en el país. Además es la primera vez que se indemniza a las personas y es una sentencia donde queda plasmado que las personas fueron engañadas, fueron violentadas y que están dañadas hasta el día de hoy", señaló Daniela Brondi, abogada del Servicio Jesuita a Migrantes.
Defensa
En tanto el defensor penal público Richard Salazar anunció que van a analizar el fallo de 7 páginas.
"A priori existe la posibilidad de presentar recursos. No estamos conformes con la resolución del tribunal. Hay elementos particularmente de Ley y de convenios internacionales que establecen la posibilidad de juzgar o no este tipo de delitos en Chile.
Se planteó como defensa el cómo se hizo cargo el tribunal y si tiene competencia un tribunal chileno para juzgar una conducta que se despliega en Perú por peruanos con víctimas que son extranjeras; en esta causa no hay víctimas ni tampoco imputados chilenos", explicó el abogado
En el juicio estuvo como querellante el Instituto de Derechos Humanos y el Gobierno Regional.
