Tras seis años de la implementación de la Ley 20.590 o Ley de Polimetales, que estableció un Programa de Intervención en zonas con presencia de metales pesados como arsénico, plomo, cadmio y mercurio, entre otros; dirigentes y familias afectadas por metales pesados, han catalogado las atenciones de salud y los planes de remediación de calles y viviendas como deficientes.

Ante este panorama, el Ministerio del Medio Ambiente coordinó este mes una nueva mesa de trabajo con todas las autoridades de Gobierno.

En la oportunidad se evaluaron las medidas implementadas en torno a la ley y las tareas no cumplidas. E indicaron que le darán mayor celeridad a los procedimientos y reuniones mensuales para evaluar avances y cumplimiento de los compromisos.

"En este sentido como autoridad coordinadora hemos logrado activar una mesa de trabajo junto a los parlamentarios de la región y las autoridades de gobierno para escuchar de los propios dirigentes cuáles son sus necesidades y molestias, para poder abordar como Gobierno Regional acciones concretas sin levantar falsas expectativas de acuerdo a lo que nos mandata la Ley y el reglamento de polimetales porque ellos deben ser reparados por el Estado producto de la exposición a los metales pesados que han estado expuestos todos estos años", señaló el seremi Marcelo Cañipa, tras la primera reunión de esta mesa de trabajo.

Frente a esta nueva instancia, las familias esperan que esta vez si se tome en cuenta su opinión en materias de salud, vivienda y educación, porque hasta ahora sienten que la salud está en deuda.

Enfermedades y especialistas

Cuando comenzó a funcionar el Centro de Salud Ambiental el año 2012, los 12.603 beneficiarios acreditados de la Ley de Polimetales, muchos sintieron que por fin sus dolencias serían tratadas por especialistas. Sin embargo con el tiempo las esperanzas se diluyeron.

Así lo comenta Sonia Araya, presidenta de la Junta de Vecinos N° 53 "Los Artesanos" de la población Los Industriales 1 y representante de mil 500 socios afectados por polimetales, quien comentó que "hacen falta especialistas, porque la mayoría se ha muerto de cáncer y otras dolencias a los huesos, entre otras enfermedades".

Por su parte, Esperanza Zárate, dirigente de la Junta Vecinal, de la Villa Santa María, que agrupa a 50 viviendas afectadas por los elementos, agregó que hay enfermedades que no están consideradas en la guía establecida para su tratamiento. "Deberían considerar las enfermedades como el cáncer de colon, de huesos o dentadura, porque de eso sí se muere nuestra gente".

Casos

Blanca Leiva llegó en 1999 a la población Los Industriales 1 con sus dos hijos, sin imaginar las consecuencias.

"Tengo 21 años viviendo en la población, y tengo una hija que tuvo dos abortos espontáneos y el diagnóstico frente a esos casos nunca fue claro, simplemente los abortó, fue un dolor muy grande. Pero nuevamente logró quedar embarazada pero tuvo que estar en cama los 9 meses, y vivíamos con el temor de que perdiera a su hijo. Fue un embarazo difícil, pero logró llegar a buen término. Lo malo que ahora no puede tener más hijos", cuenta.

Otro de los hijos de Blanca tiene problemas con su dentadura, debido a lo que sería la exposición a los polimetales. "Mi esposo, mi hijo y yo tenemos problemas dentales, y además ya me detectaron artrosis generalizada. Por eso debo acudir a médicos particulares, porque en el Centro de Salud Ambiental no tienen especialistas", comenta.

Flor Pastén tiene 60 años y se mudó a los Industriales 1, el año 1991 junto a sus tres hijos, que empezaron a tener problemas de salud. Hoy ya tienen 41, 37 y 33 años.

"Los niños empezaron a tener dolores de hueso, de cabeza, estómago y alergias fuertes en la piel. Pero nunca me dieron un diagnóstico preciso, solo me daban aspirinas y betametasona. A pesar de eso crecieron sin mayores problemas. Pero ahora mi hija menor (33) lucha a diario por mi nieta de 12 años, que aparenta como siete, porque sufre de una enfermedad muy rara, que fue detectada a los 5 años, y que no le permite crecer de forma normal".

"Por eso la llevamos al Centro de Salud Ambiental, pero casi nunca hay horas médicas, faltan profesionales, no hay tratamiento, porque además son caras las hormonas que necesita mi nieta, por eso hemos acudido a doctores particulares y al hospital como cualquier paciente, a pesar de que mi nieta es beneficiaria de la Ley de Polimetales", comenta.

El csa

El Centro de Salud Ambiental (CSA) cuenta con dos médicos cirujanos generales, traumatólogo, urólogo y neurólogo con 4 horas semanales cada uno y con un dermatólogo con 6 horas semanales, quienes atienden en dependencias del mismo centro.

A esto se suma, la médico toxicóloga Lucía Molina, que viene de Concepción cada seis meses a Arica y atiende un promedio de 57 personas usuarias en cada ocasión.

El director subrogante del Servicio de Salud Arica, Juan Urrutia Reyes precisó que el equipo está trabajando en levantar un perfil epidemiológico de las personas usuarias. Por lo mismo, es una información que está siendo procesada y aún no se encuentra disponible. Asimismo señaló que no hay exclusión de enfermedades en las guías clínicas.

"Las guías han sido actualizadas y, en su formato actual, otorgan lineamientos para el abordaje clínico tanto diagnóstico como terapéutico. Y como toda guía de práctica clínica, reúne una serie de evidencias científicas, por lo que no pueden ser consideradas como un instructivo que pone límites a las decisiones médicas, ya que en todo momento es el criterio clínico el elemento que prevalece al momento de determinar las necesidades de cada paciente en particular. De esta manera, se garantiza que los beneficiarios tengan acceso a una gama de prestaciones mínimas, las que pueden ser ampliadas en la medida que el médico tratante identifique necesidades particulares para cada beneficiario", precisó.

Atenciones

Respecto de las atenciones, Urrutia indicó que el CSA ha realizado un total de 79.786 atenciones desde enero de 2010 a agosto de 2018, 13.259 personas, de las cuales 12.603 son beneficiarias ante la Autoridad Coordinadora de Ley 20.590. Mientras que los usuarios atendidos por la especialidad de Toxicología han sido 225, desde inicios de 2017 a agosto de 2018.

Pero las cifras parecen no convencer a los pobladores. Y de hecho, de ahí que nuevamente se forme una mesa de trabajo que buscará, de una vez por todas, entregar respuestas categóricas y según los vecinos, las respuestas y atenciones que ellos necesitan. Esas son por lo menos sus expectativas.

Tanto Esperanza Zárate como Sonia Araya quieren una Clínica Integral en la que existan especialistas y un laboratorio; todo en un mismo lugar, para dejar de peregrinar entre el CSA, Laboratorio de Salud Pública y el Hospital Regional.

"Tenemos la esperanza de que este Gobierno nos pueda ayudar. A pesar de todo lo que hemos vivido, aún estamos dispuestos a confiar", Araya.