Michael Seguel P.

El fiscal Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, dijo ayer que se inició una investigación por oficio luego de que el miércoles se filtrara información bancaria de 14 mil 71 tarjetas de crédito de 18 instituciones bancarias. La indagación busca establecer si existió el delito de sabotaje informático en el hackeo del autodenominado grupo "The Shadow Brokers".

"Lo importante es que se recabe la información de distintas entidades bancarias y también se va a pedir información de Transbank", dijo ayer Guerra, en un punto de prensa.

El persecutor precisó que se buscará determinar qué tarjetas efectivamente fueron activadas y en cuáles se pudieron haber generado sustracciones de dinero. "Obviamente, es un hecho de bastante gravedad y que revela que tenemos una debilidad estructural en la materia", añadió el fiscal. Las investigaciones fueron encargadas a la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI).

El comercio

A través de un comunicado, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif), sostuvo que la causa de la filtración estaría en el extranjero y no en el comercio local.

Además, el organismo precisó que de las 14.071 tarjetas hackeadas, 2.446 se encontraban activas y que, tras el hecho, fueron bloqueadas por las respectivas instituciones.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, detalló que, hasta la tarde de ayer, no se había hecho un uso fraudulento de las tarjetas bancarias.

"No está en riesgo la estabilidad del sistema financiero, ni de la cadena de pagos. Sin embargo, nos preocupa este tipo de incidentes, porque afectan la confianza y la tranquilidad con las cuales las personas utilizan y operan en el sistema financiero", dijo Larraín.

El Sernac, sostuvo en un comunicado que oficiará a las instituciones bancarias para "obtener los antecedentes para iniciar una investigación sobre el real origen de la filtración". Mientras, el autodeniminado grupo The Shadow Broker, según consiga Radio Biobío, sostuvo en Twitter que "la información la obtuvimos mediante los 'portales de pago' directamente asociados a sus bancos. La publicación de datos es el camino que seguiremos tomando. No podrán verlo. No es su gente la que pagará, es su gobierno el que pagará".