A principios de mes, se conocía cómo siguen aumentando las llamadas inoficiosas que recibe Carabineros al número 133, el que está destinado para que reciba los llamados de emergencia por parte de la comunidad y las denuncias sobre hechos delictuales, ya sea en proceso o en inminente cometido.

Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene este canal de comunicación entre la policía uniformada y la población, el uso que en general se le da no, es el más adecuado. Aún cuando no se cumple el primer semestre de este 2018, las llamadas inoficiosas llegan a un 80% de todas las que recibe el 133.

Las llamadas inoficiosas son todas aquellas que no tiene que ver con la competencia, los objetivos y el destino que se le ha dado a este canal, entre las que se cuentan las bromas, insultos, consultas que pueden ir desde lo médico hasta lo jurídico y llamados falsos u otros en los que quienes llaman, simplemente no hablan.

Aunque hace un par de años se buscó legislar al respecto de sancionar a quienes deliberadamente llaman al 133 para entorpecer los servicios, lo cierto es que este tipo de iniciativas no ha prosperado y hoy las llamadas pitanzas suman y siguen.

Una de las realidades más graves constatadas respecto de este fenómeno últimamente, es el aumento de bromas por parte de estudiantes.

De hecho, en Arica se reconoce que este tipo de intento de contactos inútiles aumenta en los horarios de recreo en los colegios. Y según constató "La Estrella" en la misma central de comunicaciones, efectivamente se trata de voces adolescentes, casi infantiles, haciendo bromas típicas para su edad.

Lamentablemente, una llamada inoficiosa puede estar estorbando una que haga la diferencia entre la comisión de delito y la acción policial; incluso, una que pueda hacer la diferencia entre la vida y la muerte.

Esto debe ser parte de la conversación familiar y de la reflexión personal. También debería llevar a la elaboración de campañas educativas y de conciencia respecto a un problema que, tristemente, no ha logrado ser resuelto donde debería serlo, en el Congreso, cuando ya la familia y la formación personal nuevamente fallan.

Para muchos, que pronosticaban la reactivación de las movilizaciones estudiantiles en torno a temas de envergadura nacional, como son la gratuidad de la educación, el cambio del sistema de previsión social y la salud; el inesperado despertar del feminismo en los centros de educación superior fue más que una sorpresa.

El tema en cuestión es complejo, ya que pese a ser simple en sus planteamientos generales, la transformación que propicia el movimiento feminista implica alterar seriamente las estructuras de poder e implementar un vasto cambio cultural, que afectará profundamente el estilo de vida que hemos conocido hasta hoy.

Aunque es muy temprano para evaluar las posibilidades de éxito de una tendencia que aún no tiene interlocutores válidos, las demandas de los estudiantes, respecto de reconocer los derechos de la mujer son justas y legítimas.

Sin perjuicio de lo dicho, y aun cuando existiera consenso en la sociedad respecto de la necesidad de cambiar el modelo de relación entre los géneros, por uno que permita satisfacer las aspiraciones de las nuevas generaciones, la tarea por delante es gigantesca, especialmente, si se considera la potencial resistencia al cambio, que se manifiesta en el cuestionamiento de la validez de las transformaciones propuestas; posición que es sostenida por un importante segmento de la sociedad, que en ocasiones es apoyada por opiniones que provienen de autoridades de gobierno.

Así, considerando que la Humanidad ya experimentó una período matriarcal en la prehistoria (Eisler 1987/Butler 2008); cabe preguntarse si es eso lo que quieren las/los feministas que hoy marchan en las calles. Para tener una respuesta a esta interrogante, será necesario observar durante un tiempo el accionar del movimiento, para así poder determinar si su objetivo final consiste en desplazar el paradigma patriarcal, que ha regido la Humanidad en los siete milenios que nos preceden, o si simplemente se aspira a consensuar políticas de Estado que garanticen la equidad de género.