Mitos y verdades de
Vehículos robados y personas con órdenes de detención pendiente es lo que más han encontrado en este sector.
la vida en la población destinada a desaparecer
La primera vez que se habló públicamente y a nivel nacional de la Población Cerro Chuño fue en agosto del 2009.
Entonces, el programa Contacto del Canal 13 mostró a todo un país la realidad de las familias afectadas por la contaminación por plomo y arsénico, algunos de sus integrantes aquejados de cáncer. Ellos denunciaron que nunca habían tenido una respuesta por parte de las autoridades locales y nacionales de esa época.
En septiembre de ese año, la ministra del Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, anunció la erradicación de las familias y comprometió que el Gobierno se iba a hacer cargo de la ubicación de terrenos y construiría poblaciones para trasladar a los afectados, medida que, según la ministra, iba a estar concretada el 2012. Seis años después de cumplido el plazo, aún no termina el proceso.
Pese a que los habitantes originales fueron erradicados, nuevas familias, tanto chilenas como extranjeras, se tomaron rápidamente las casas abandonadas, antes que fueron demolidas.
En febrero del 2017, el Serviu anunció el desalojo de cerca de 270 de esos ocupantes irregulares, pero un mes después la Corte de Apelaciones acogió un recurso presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y detuvo el desalojo, fallo luego ratificado por la Corte Suprema.
Ventas irregulares
Más de un año después, se ven más personas viviendo en el sector, en casas que no tienen puertas ni ventanas, con un segundo piso a medio construir.
Las viviendas en Cerro Chuño están habilitadas de acuerdo al bolsillo de cada vecino. Algunas tienen techos de cholguán y ventanas tapadas con madera porque, no todos tienen recursos para comprar vidrios. Las más arregladas lucen cortinas, conexiones hechizas al tendido eléctrico e incluso antenas de televisión satelital.
Otras aún tienen los letreros del Serviu que informan que tienen orden de demolición. A un lado de estos, los nuevos vecinos colocaron otros con el mensaje: "No somos delincuentes".
"Los antiguos propietarios, los últimos tres meses antes de irse vendieron sus casas", afirmó la dirigenta Ana Araya, explicando cómo fue que los nuevos vecinos llegaron allí. Según ella, los precios de estas transacciones fueron de entre 100 mil y 600 mil pesos. "Como dirigenta lo hemos denunciado, si alguien la necesita que se la tome ¡Cómo van a vender las casas!", añadió.
La VIOLENCIA Y la ESTIGMATIZACIÓN
Desde el frustrado desalojo, se han conocido reiterados hechos de violencia en el sector. El último ocurrió el 29 de abril en el pasaje 3, donde Diego Maldonado Contreras (31) fue asesinado de varios disparos, y luego, su supuesto agresor se quitó la vida de un disparo con una pistola 9 mm al verse acorralado por Carabineros.
La dirigenta de los migrantes del sector, Pamela Rodríguez, señaló que para ellos es complicado vivir en Cerro Chuño, ya que la mayoría de las personas piensa que todos los que viven en el sector son delincuentes. Ella lo descarta. "Cerro Chuño es tranquilo de verdad. Desde que ocurrió el hecho del 29 de abril, volvió la tranquilidad al sector. Acá tenemos dominicanos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos y una familia haitiana. También chilenos... Por ser de Cerro Chuño, nadie nos arrienda una vivienda, no nos hacen registro social de hogares y uno no puede postular a nada", reclamó.
Condiciones inseguras
El prefecto de carabineros, teniente coronel Iván Monje, explicó que la Población Cerro Chuño pertenece al cuadrante de la Tercera Comisaría y presenta características distintas al resto de la ciudad. "No podemos descartar que es un barrio donde han ocurrido cosas de connotación. El hecho de que haya uso de arma de fuego en el lugar y un homicidio, además de personas detenidas por orden judicial y que aparezcan vehículos abandonados, lo hace un área de cuidado, donde tenemos que disponer servicios especiales y efectuar patrullajes permanentes", planteó.
Sin embargo, también comentó que han tenido reuniones con los vecinos y tienen una buena relación con las personas que viven en dicho lugar. "No todos son delincuentes. Lo que pasa es que el sector reúne condiciones para cometer cierto tipo de delitos y no reúne la condiciones para ser un barrio seguro, porque no tiene áreas verdes, existen microbasurales, casas desarmadas y falta de iluminación", planteó.
Vehículos escondidos
El subjefe de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) comisario Mauricio Rivero, señaló que para la PDI, Cerro Chuño es un sector con un interés policial específico.
"Es un espacio reducido, pero está principalmente esquematizado por este tipo de antecedentes de que existe mucha delincuencia. Los hechos delictuales se radican en ciertos puntos", dijo, pero agregó son más los delitos que se originan ahí y se ejecutan en el resto de la ciudad que los que ocurren dentro de la población.
Ante la consulta sobre qué delitos se han encontrado en el sector, Rivero señaló que como PDI detectaron la receptación de vehículos con encargo por robo que son escondidos en el lugar para luego ser enviados a Bolivia.
"Estos vehículos son vendidos a bajo precio, en algunas oportunidades por dinero y en otras ocasiones a cambio de droga", planteó. Sólo en lo que va de este año, Carabineros encontró en la población 13 autos con encargo por robo.
Un tema sensible
La gobernadora de Arica, Mirtha Arancibia, aseguró que como Gobierno entrante se encuentran recopilando todos los antecedentes sobre lo ocurrido en el sector. "Sabemos es un tema sensible para la comunidad, sin embargo, necesitamos tener la mayor cantidad de antecedentes posibles, a fin de encontrar las soluciones pertinentes dentro de la norma jurídica", expuso.
Detalló que en lo que va del año, Carabineros ha realizado 387 controles y fiscalizaciones en el sector y que estas dieron lugar, hasta el 29 de abril, a 595 detenciones.
-¿En qué etapa está el recurso que paró el desalojo de Cerro Chuño?
Existe una sentencia de la Corte Suprema del año 2017, la cual se encuentra firme y ejecutoriada. Queremos recalcar que como Gobierno somos respetuosos de los procesos, por ello, acatamos los fallos y resoluciones judiciales.