Michael Seguel P.

"A mi juicio y por el bien del pueblo de Dios y de la Iglesia, el obispo (Juan) Barros debiera dar un paso al costado". Así lo aseguró ayer el arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, tras reunirse con cerca de 400 sacerdotes de la arquidiócesis capitalina.

De esta forma, Ezzati explicitó su postura luego de que el 8 de abril el Papa Francisco enviara una carta a los obispos chilenos donde los citó a Roma para decidir el futuro de Barros.

La carta de Francisco fue enviada luego de que el Papa recibiera el informe elaborado por el obispo de Malta, Charles J. Scicluna, sobre las acusaciones extrajudiciales en contra del obispo de Osorno de encubrir los abusos sexuales del ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima, quien en 2011 fue condenado por el Vaticano a una vida de "penitencia y oración".

"Yo no soy juez para decir si él encubrió o no, pero el bien del pueblo de Dios (se) pide de parte de él la disponibilidad", dijo Ezzati sobre las acusaciones extrajudiciales, que Barros ha negado en varias oportunidades.

Añadió que "la renuncia del sacerdote Barros depende sólo del Santo Padre".

Por otra parte, el cardenal Ezzati calificó como "una falta grave" que Francisco haya sido informado incorrectamente sobre el denominado caso Barros: "El Papa no lo dice, (pero) creo que es una falta muy grave que se haya engañado al Santo Padre".

"En este momento no se trata de una caza de brujas, menos de dar rienda suelta a especulaciones que nada conducen", recalcó Ezzati sobre las responsabilidades de quienes han supuestamente encubierto abusos.

"No me he lavado de ninguna manera las manos en este tema", cerró.

Hamilton responde

James Hamilton, uno de los denunciantes de Fernando Karadima, sostuvo que "el abuso de menores es un crimen y debe ser denunciado. Cuando no se denuncia se transforma en complicidad".

Hamilton confirmó que la próxima semana junto a Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo, viajarán a Roma a reunirse con el Papa Francisco, tras recibir una invitación desde El Vaticano.

Como "terroristas" con aguinaldo calificó ayer el diputado UDI, Ignacio Urrutia, a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, durante una sesión en la Cámara de Diputados. En la sala se discutía el retiro del proyecto de ley -aprobado por la Comisión de Derechos Humanos- que otorgaba un aporte reparatorio a víctimas de prisión política y tortura durante el régimen militar. Tras sus dichos fue increpado por la diputada Pamela Jiles y generó el retiro de los parlamentarios de oposición de la sala. "Le pude decir a gritos, a viva voz, que era inadmisible su actitud, y lo que recibí de vuelta fueron agresiones verbales", dijo Jiles.

Mientras, Urrutia dijo que la diputada se "aprovechó de su género" para agredirlo.