La autoridad sanitaria dio a conocer que durante 2017, se atendieron más de 300 personas que fueron mordidas por perros, las que fueron atendidas en distintos centros médicos de la ciudad. Dentro de lo grave que pueden resultar estos ataques, al menos de todos los que se contaron no hubo episodios como los que se han conocido en otras ciudades de nuestro país, donde personas han resultado seriamente heridas o hasta muertas al ser abordadas por grupos de perros callejeros.

Este hecho resulta sin duda contradictorio con otra realidad contra la que lucha nuestro país. Se trata del maltrato de animales, especialmente de animales que fueron, son o podrían haber sido mascotas. Es esta realidad la que se tradujo en la elaboración y promulgación de la Ley 21.020 de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía.

Esta ley define que tiene por objeto, primero, determinar las obligaciones y derechos de los responsables de animales de compañía; segundo, proteger la salud y el bienestar animal mediante la tenencia responsable; tercero, proteger la salud pública, la seguridad de las personas, el medio ambiente y las áreas naturales protegidas, aplicando medidas para el control de la población de mascotas o animales de compañía; y en un cuarto aspecto, regular la responsabilidad por los daños a las personas y a la propiedad que sean consecuencia de la acción de mascotas o animales de compañía.

Sin duda, los lamentables casos de maltrato, como el del mismo perro Cholito, que dio paso y hasta nombre a esta ley, han logrado crear conciencia en la población respecto del cuidado y respeto que se les debe a los animales, incluso a quienes son lamentablemente abandonados en las calles por personas inconscientes e indolentes. Este aspecto se ha abordado por esta nueva norma, incluso ya con sanciones.

Sin embargo, queda aún pendiente la sanción al otro maltrato, a ese de quienes simplemente echan a perros a la calle generando casos como los descritos anteriormente: ataques y mordeduras de las que nadie se hace cargo. Es un problema que sigue aún pendiente, como antes de la nueva ley.

Con motivo de la transmisión del mando se producen cambios que se consideran normales en un nuevo gobierno porque permiten conocer sus programas y otras condiciones. Se desea que quienes asumieron sean idóneos/as correctos/as competentes. Deseable no repetirse tanto porque hay servidores públicos que se acostumbran a las rutinas, pero políticamente es muy difícil que no ocurra. Los cambios provocan inquietudes e incertidumbre, especialmente entre los de más abajo porque tendrán que buscar nuevas fuentes laborales. La tarea es difícil, mis quehaceres profesionales están vinculados al tema. Siempre converso con numerosos alumnos/as que con sus títulos universitarios y otras formaciones no encuentran pega. Es penoso dejar currículum por todos lados sin recibir respuesta. La labor de un servidor público es compleja y requiere buena preparación que muchas veces no se posee. Es bueno conocer el nivel formativo y la experiencia que se tiene. En nuestra ciudad se cumplió al publicarse antecedentes de varios. También hay que reconocer que en el país muchos con "elevada" preparación han cometido cada tontera que escasean los mecanismos de defensa que se manejan para esconderlas o disimularlas descaradamente. No daré ejemplos, con los que conocemos es suficiente, aparte que han resultado onerosos a la nación. Debemos confiar en las nuevas autoridades esperando que sus capacidades profesionales favorezcan el buen desarrollo de sus gestiones: salud, educación, economía, Sename, lucha contra la delincuencia, narcotráfico, AFP, perfeccionar los mecanismos de control financiero e instituciones y otros. Los parlamentarios tendrán quien les amenice el ambiente, el dicharachero Florcita, autor del "Pobrecito mortal" mata con su pinta, el hombre reconoce limitaciones y anunció la contratación de un lote de asesores para no hacer el loco (¿?). Por otro lado, tenemos a Evo, que quiere enquistarse en el poder salvándose con el mar, claro que en el intento, se puede ahogar. Sus camiones nos siguen rompiendo el pavimento de las calles y Chile continúa pagando millones a perpetuidad.