Ayer, en el Tribunal de Garantía quedó al descubierto el drama que viven las víctimas que obtuvieron prestamos ilegales a través del sistema "gota a gota".

El fiscal Cristian Echiburú formalizó a un ciudadano colombiano que, según la investigación, cumplía funciones de cobrador con uso de la fuerza contra comerciantes de la ciudad que contrajeron deudas con una presunta organización criminal.

El persecutor expuso en la audiencia que el imputado Jesús V.A. de 25 años, fue detenido el jueves por funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI en la vía pública, incautando posteriormente, en una pieza que arrendaba, la suma de 750 mil pesos en efectivo, además de un cuaderno con direcciones y teléfonos. El imputado asumió funciones cuando parte de la organización quedó en prisión preventiva y, según la indagatoria, le decía a las víctimas que no era tan complacientes como los otros integrantes de la banda.

Hechos

Respecto a los antecedentes que entregó el fiscal, una de las víctimas en marzo del 2017 obtuvo un préstamo por un monto de 2 millones de pesos con un interés del 50% y tenía que ser pagado en cuotas diarias de 100 mil en 30 días. Como ella no pudo pagar dichas cuotas por problemas de salud se fue de la ciudad y quedó su hija en Arica, quien en agosto recibió la visita de un sujeto apodado Jaguar, quien preguntó por su madre y la encaró para que se haga cargo de la deuda, cobrándole 3 millones de pesos.

"Ella le señaló que no podía asumir una deuda que no era de ella y al día siguiente la camioneta de su marido apareció quemada en su totalidad. Días después, estos sujetos volvieron a la casa de la víctima insistiendo en el cobro de la deuda manifestándole que lo de la camioneta fue solo una advertencia", expuso el fiscal. Asimismo, en otra ocasión, señaló que fue agredida por cobradores resultando con lesiones leves. El hombre fue formalizado por los delitos de usura, infracción a la Ley de Bancos y amenazas. Quedó en prisión preventiva.

Defensa

El defensor público José Quiroga mencionó que su representado no tiene ninguna vinculación con la organización. "El fiscal ha sido majadero en que pertenece a una organización y ha expuesto conductas de otros imputados que amenazaron y prestaron dinero. Tampoco existe un delito de amenaza condicionales", dijo.

Según la investigación realizada por la PDI en 2017, esta organización llegó a entregar préstamos a cerca de 400 pequeños y medianos comerciantes de la ciudad, que iban de los 100 mil a los 3 millones de pesos, los cuales debían pagarse diariamente (gota a gota) hasta en 24 días, con un interés que fluctuaba entre el 20% y el 70%.

En aquella oportunidad, los detectives detuvieron a 20 individuos (16 colombianos, dos chilenos y dos peruanos), investigadas por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, usura e infracción a la Ley General de Bancos. La policía llevó a cabo allanamientos simultáneos en 10 domicilios de Arica, uno de Ovalle y otro de Coquimbo, logrando incautar múltiple evidencia asociada a la actividad ilícita de esta organización.