Un nuevo fraude aduanero detectó Carabineros, ahora en el sector del poblado de Colpita, donde un ciudadano boliviano intentaba sacar del territorio nacional un vehículo por un paso no habilitado.

El hecho quedó al descubierto tras un patrullaje preventivo contemplado en el Plan Vigía, que realizaba personal del Retén Tacora, abortando las intenciones del extranjero, de salir rumbo a la ciudad de La Paz, donde mantiene su domicilio.

Al momento de la revisión del móvil, personal policial encontró además en su interior, 5 aros nuevos para vehículos y 4 parlantes de diferentes marcas, siendo detenido además el extranjero, por contrabando de especies.

La noche del martes 20 de enero de 2010, un grupo de familiares ariqueños comenzaba la tortuosa angustia de escuchar una información emanada por los medios bolivianos que apuntaba a que el viaje de un puñado de profesores de distintos establecimientos de la ciudad, había terminado en un accidente carretero.

Con tecnología básica en celulares y las redes sociales recién en etapa de crecimiento, era bien difícil saber si todo era un rumor o una noticia real, hasta que Saniel Villanueva Pizarro, hijo del matrimonio de Ángela y Saniel, descubrió que lo del accidente era real, tras contactarse con un amigo de la familia.

En total fueron 11 los ariqueños fallecidos, entre ellos los padres de Saniel, en la ruta que une La Paz con Oruro, luego de que el bus de la empresa Pullman se estrellara contra un vehículo estacionado en la calzada.

Declaración

Ayer y por más de cuatro horas, fue el turno de la declaración de las partes por los medios de prueba, etapa vital antes de que el caso pueda irse a la Corte Suprema, y en donde fueron fundamentales las declaraciones de un perito de la PDI y del diputado Luis Rocafull, que en su calidad de intendente de la época, declaró lo complicado que fue repatriar los cuerpos desde Bolivia.

"Consistió en que en esa época, como Gobierno, gestionamos un avión de la Fach para el traslado de los cuerpos, ya que al contactarme con la gente en Bolivia, nos declararon que la repatriación podría demorar hasta 10 días. Nos contactamos con la PDI y entre peritos y una delegación que viajó hasta allá, logramos que los restos llegaran en menos de dos días", declaró Rocafull.

Juan Benítez, vocero de las familias afectadas, detalló que las declaraciones de los testigos fueron fundamentales para que tras el siguiente paso (deliberación), el caso pase a la Corte Suprema. "Tras seis años de espera estamos viviendo una de las últimas etapas de la demanda, que es la etapa probatoria. Para estos efectos, peritos y el abogado del caso (Esutio Jurídico Rivadeneira, Colombara y Zgers Ltda.) ya entregaron su testimonio en el 7tmo. Juzgado Civil de Santiago", explicó.

"Demandamos a la empresa por lucro cesante, daño moral y daño emergente, por lo que solicitamos una indemnización de 200 millones por persona fallecida y 100 por los accidentados, los que son 27 entre víctimas y vítcimas fatales", remató.

Desde la empresa en cuestión, emanaron que el caso está en manos de la justicia.