Las viviendas del pasaje 8 del Cerro Chuño comenzaron a ser demolidas el jueves con el fin de cumplir con el plan de mitigación de la Ley de Polimetales.

Este proceso, el cual ha sido anunciado desde el año pasado sin poder llevarse a cabo, se inició con la demolición de 90 viviendas que estaban deshabitadas y se extendería durante todo el mes de septiembre.

Desde la Gobernación Provincial de Arica, explicaron que esto se realiza "en el marco de lo que la Ley de Polimetales nos exige que es remediar y mitigar la zona. Para ello se está trabajando cumpliendo a cabalidad con las medidas de seguridad y de salud necesarias. Son cerca de 200 las casas que fueron desocupadas de forma voluntaria por parte de quienes las habitaban. Respecto al resto de los inmuebles hay un proceso legal que se está llevando a cabo y del cual sólo se espera la resolución".

Agregaron que "como Gobierno estamos dando cumplimiento a la ley y haciéndonos cargo de este complejo tema, dándole la importancia que tiene".

Ana Araya, dirigenta de Cerro Chuño y presidenta del comité de allegados "Fuerza de Vida", que integra a 70 familias del sector, aseguró que el jueves cuando comenzó el proceso, ninguna autoridad de las que iniciaron la demolición (seremi del Minvu, director regional del Serviu, seremi de Gobierno y gobernador provincial) se acercó a dialogar con los vecinos y a informar sobre el tema que comenzó a llevarse a cabo.

"Se inició entre 4 paredes y nos dimos cuenta por las máquinas y trabajos que están realizando. El pasaje 8 estaba cercado desde abril y nosotros ayudamos a los vecinos a trasladarse a otros pasajes en esa fecha, así que efectivamente todo eso estaba deshabitado. Lo que ha ocurrido desde entonces es que las casas que Serviu había cerrado han vuelto a ser tomadas. El pasaje 4 ahora está habitado en un 100 por ciento".

Añadió que "hoy (ayer) la PDI pasó casa por casa pidiéndonos documentos a todos los vecinos por mandato del gobernador, sólo eso nos dijeron, que era una orden, pero varios vecinos quedaron con temor por la demolición de las casas, no tenemos dónde irnos, los vecinos que aceptaron el subsidio de arriendo del Serviu de $210.000 han tenido problemas por la demora en los pagos y varios no encontramos arrendadores que aceptaran al Serviu como pagador".

Aseguró que están al tanto de la vigencia del recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en contra de la Gobernación Provincial y de Carabineros, el cual detuvo el desalojo en marzo de este año, pero aún siguen a la deriva, ya que no existe una solución habitacional que ellos consideren efectiva.

Sobre la visita de funcionarios de la PDI al sector, el gobernador provincial, Ricardo Sanzana, comentó que "se solicitó en el marco de lo que es el comité policial semanal y que se enmarca dentro del cumplimiento de procedimientos normales por temas de seguridad y migración".

397 viviendas

En total, el proceso de demolición del Cerro Chuño tiene como objetivo erradicar 397 viviendas, en cada una de las cuales habitan familias integradas en promedio por 4 personas (1600 personas aproximadamente), entre niños, adultos mayores con delicado estado de salud y migrantes en su mayoría, a quienes se les dificulta conseguir un arriendo por los altos costos y por los documentos solicitados.