En Cerro Chuño fueron erradicadas varias familias, debido al problema de contaminación de plomo y arsénico que afectaba sector. Sin embargo, las viviendas quedaron abandonadas y varias familias, chilenas y extranjeras, se tomaron el sector para formar sus familias.

Pero la llegada de estos nuevos vecinos a la población, ha generado reclamos entre los 20 propietarios y otros que aún no han sido erradicados del sector.

"No entiendo por qué las casas abandonadas no han sido demolidas aún. Si la gente que vivía ahí fue erradicada. Y los que se tomaron esas casas recibieron beneficio de arriendo. Pero llegó más gente, pero de mal vivir y la delincuencia está incontrolable y nadie hace nada por resguardar nuestra seguridad como vecinos", manifestó Yessica Madariaga, quien vive en el sector desde el año 1996.

"Aquí hay balazos, drogas, delincuencia y prostitución, por eso queremos irnos de aquí. No sabemos cuando nos erradicarán, porque primero dijeron septiembre y ya estamos en agosto", añadió.

Para sobrellevar el día a día con los nuevos vecinos, las familias propietarias han levantado una reja para cerrar el pasaje donde viven. Esto para evitar los robos, sin embargo explicaron que la medida no ha sido suficiente, por eso viven amedrentados.

"Nadie ve nuestra realidad, somos amenazados; pero a ellos todo el mundo los protege. Por eso si nos va a tener aquí todavía, lo único que pido es protección, nada más. Porque ya apuntaron a mi marido con una pistola. Ellos se ríen de nosotros", aseguró la vecina.

Mala convivencia

En el sector de calle Morrillos, las familias de Villa el Solar, de los pasajes 4,3,2,1 tratan de sobrellevar el día a día, pero señalan que la convivencia se ha hecho insostenible.

Frente a la situación y a la falta de junta vecinal, María Tapia, presidenta del Comité Villa Primavera, asumió la representación de los vecinos.

"Esto se desencadenó desde la erradicación de las familias y las casas quedaron abandonadas. Luego vino gente y se las tomó. Esto se veía venir, por eso pedimos demolición al Serviu, pero no se pudo hacer. Por eso la gente sigue llegando y como están protegidos por los derechos humanos, ellos se sienten con el derecho de hacer y deshacer aquí", aseguró Tapia y pidió demolición de las viviendas, que al estar contaminadas también son un riesgo para las familias que llegan.

Recurso

Desde el Serviu señalaron que el sector no ha podido ser demolido por completo, debido al recurso de protección que fue presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en contra de la Gobernación Provincial y Carabineros ante la Corte de Apelaciones de Arica.

La solicitud del INDH se funda en el incumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos relativos a desalojos forzosos, los que hacen énfasis en los costos humanos, es decir, en los perjuicios físicos y sicológicos que generan dichos procedimientos, especialmente sobre poblaciones vulnerables como son los niños y adolescentes; personas pertenecientes a pueblos indígenas, mujeres, y personas migrantes y refugiadas.

El recurso señala que el desalojo afectaría aproximadamente a 397 viviendas, en cada una de las cuales habitan familias integradas en promedio por 4 personas (1600 personas aproximadamente), niños, adultos mayores con delicado estado de salud y migrantes.

De forma gradual

Respecto de la resolución del Tribunal de Alzada, la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente manifestó en su momento que evaluarán el contenido del fallo, para dar continuidad al proceso de demolición que es una de las medidas de mitigación de la ley polimetales. Por eso, la demolición se hará de forma gradual, a medida que avance el proceso de relocalización, porque todavía quedan familias en el sector.