En la audiencia de cautela de garantía la Defensoría Penal Pública alegó sobre una inconsistencia en la información de la carpeta de investigación del caso de Juan Carlos Quispe, formalizado por el delito de homicidio contra dos carabineros que fueron asesinados en la frontera el 2015. El defensor, Rodrigo Torres, explicó que el 10 de julio se entregaron los ocho tomos, en que consta toda la investigación que se acumuló estos dos años contra Juan Carlos Quispe.

"Al revisar esta carpeta, con la copia que nos habían entregado antes, no era la misma carpeta. No era el mismo documento de página o folio 2093, que la página 2093 de la nueva carpeta. Por eso es la foliación, para evitar la introducción de nuevos documentos". Sobre esta situación, la jueza Gabriela Abusabal, expuso "no pueden cambiarse los folios porque el fiscal titular lo desea. Los folios deben mantenerse desde el inicio de la investigación, hasta la audiencia de juicio oral", expuso la jueza, quien ordenó a la Fiscalía entregar de forma íntegra la carpeta investigativa a la Defensa en un plazo de un mes.

El coordinador de la Unidad Jurídica de la Fiscalía, Jorge Videla, explicó que "se trata de una investigación compleja que contiene 8 tomos y gran cantidad de antecedentes, por lo que la posibilidad que una o varias páginas, en el proceso de escaneo para la entrega a las defensas, venga cortada o con imagen borrosa es razonablemente esperable, lo que sucedió en este caso. Ahora hay que indicar que en varias ocasiones se entregó a la defensa copias escaneadas de todos los antecedentes tan pronto lo solicitó, según consta en acta firmadas por la defensa, y al respecto no hubo ningún reclamo o reproche".

Todos sus robos quedaron registrados en las cámaras de seguridad de varios recintos donde cometió sus delitos. Las imágenes fueron analizadas por personal de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI; estas permitieron dar con su paradero y posterior detención.

Modus operandi

El jefe de la Biro, subprefecto Sergio Ponce, contó que este hombre operaba en solitario y se hacía pasar por estudiante universitario. En horario de colación ingresaba a distintas oficinas públicas y privadas; es decir, se aprovechaba del descuido de sus víctimas que a esa hora se retiraban de su lugar de trabajo.

"En las imágenes el sujeto aparece portando una mochila e ingresando a varias oficinas. Sustraía carteras, notebooks, celulares, tablets, principalmente especies relacionadas con tecnología", planteó.

Ayer, Carlos Gutiérrez Berna, de 32 años, fue formalizado por la fiscal Daniella Annibali por dos delitos: hurto y receptación. Quedó con la cautelar de arresto domiciliario total, medida que fue solicitada por su propio defensor público, Gonzalo Valenzuela.

La persecutora expuso en la audiencia que debido a la existencia de denuncias realizadas por diversas víctimas, entre ellas la Universidad de Tarapacá, Clínica San José, CFT, el Departamento de Educación Municipal (Daem), Consejo Regional (Core) e Inacap se inició una investigación en contra del imputado.

Señaló que el uno de junio de este año, el imputado a las 14 horas ingresó a las dependencias de la UTA y en una oficina del segundo piso se apropió de dos notebooks, especies avaluadas en 1 millón 800 mil pesos. Luego el 15 de julio hurtó un tablet en la avenida General Velásquez. El 7 de julio al interior del CFT sustrajo un notebook, teléfonos celulares y dinero en efectivo y el 3 de julio hurtó un notebook al interior del Consejo Regional (Core).

Defensa

La Defensoría solicitó declarar ilegal la detención de su representado, en cambio la Fiscalía expuso al Tribunal que el imputado renunció a su derecho a guardar silencio y reconoció su participación en los robos.

"Fui condenado a cuatro años de presidio hasta que el 2016, debido a mi buena conducta salí con libertad condicional; debido a mi cesantía me vi en la necesidad de volver a delinquir, utilizando la misma dinámica delictual que empleaba años atrás, me refiero a hurtar y robar. Aprovechando el descuido de especies por partes de sus dueños, empecé a frecuentar empresas en horarios que el personal se encontraba en colación. En 9 meses de libertad he perpetrado varios delitos", leyó la declaración la fiscal. Si bien, el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, el Tribunal la rechazó por considerar que el imputado colaboró en la investigación y prestó declaración. Quedó con prohibición de salir de su casa.

La fiscal regional Javiera López informó que están a la espera que lleguen a Chile dos miembros de la mayor organización de tráfico de migrantes de Sudamérica. Esto, luego que el Poder Ejecutivo de Perú aprobó la extradición de los hermanos Kharlo y Kliver Zárate Sunción, quienes son parte importante de esta banda dedicada a ingresar ilegalmente a personas a nuestro país, en su mayoría ciudadanos de República Dominicana.

Los ciudadanos peruanos se mantienen actualmente bajo arresto en territorio peruano, específicamente en Tumbes, donde fueron detenidos en octubre del año pasado, en el marco de una diligencia internacional dirigida por la fiscal regional.

Hay que señalar que esta investigación va en su etapa final. Hasta el momento los han formalizado por 68 víctimas, todas dominicanas, que arriesgaron su vida e integridad.

Mientras, la fiscalía de Arica y Parinacota espera la extradición de los líderes de la agrupación delictual, Soledad Maquera Clavetía y Juan Castillo Vilca, procesados por esta causa en Tacna. A ellos se suman los ciudadanos bolivianos Gabriel Ayca y Sulma Moya, contra quienes ya se solicitó su entrega a Chile.