Leyendo La Segunda Página 10 OPINION, jueves 6 de Julio de 2017, encontré interesando este artículo, que me permito compartir con nuestros lectores de esta ciudad, que se ha visto perjudicada por estos paros al margen de la ley, sin que nadie se haga responsable:

"El Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (…) califica al Estado chileno como 'pésimo empleador'".

En los próximos días se presentará un nuevo reporte del Observatorio de Huelgas Laborales (OHL), creado por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), en conjunto con el Departamento de Gestión y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado (UAH). Dicho estudio no sólo registra las huelgas que ocurren en el marco de los procesos de negociación colectiva, sino que informa también de las movilizaciones y paralizaciones que se producen al margen de los mecanismos que establece la ley, como ocurre en el sector público.

El reporte anterior, correspondiente a 2015, señala, por ejemplo, que ese año se produjeron 382 huelgas laborales, el número más alto en los 36 años en que hay registros disponibles. También señala que más de la mitad de estas movilizaciones (206) fueron huelgas no legales, y que nueve de cada diez se produjeron en la administración pública. Del total de un millón 161 mil trabajadores que estuvieron en huelga durante 2015, el 89,1% fueron funcionarios públicos, y de ese total, el 99,98% participó en movilizaciones no legales.

Estas cifras hacen todavía más incomprensible que las últimas modificaciones a la normativa laboral hayan obviado por completo la situación laboral del sector público. Múltiples estudios e investigaciones han relevado los vicios y carencias más evidentes de la relación laboral de los empleados del Estado: la existencia de diferentes categorías de trabajadores (planta, a contrata y a honorarios), incluso entre quienes cumplen funciones similares; la virtual inamovilidad de los funcionarios de planta, que desincentiva la productividad y estimula el ausentismo; la precariedad de los trabajadores a contrata, que dependen de la renovación anual de sus vínculos, y la imposibilidad, establecida en la Constitución, de ejercer sus derechos de negociación colectiva y huelga. Esto último, precisamente, ha provocado dos efectos perversos: por un lado, la existencia de una negociación ramal (el reajuste anual al sector público) sin ninguna relación con la productividad de cada servicio; por el otro, la realización de paros y movilizaciones al margen de la ley, que suelen perjudicar severamente a los usuarios -como ha ocurrido recientemente en el Registro Civil, el Servicio Nacional de Aduanas y otros servicios- y que, por lo general, terminan con sanciones meramente simbólicas.

Benito Oliva Miranda