La escuela de la localidad altiplánica de Chislluma, emplazada a 4200 metros de altitud, fue el escenario ideal para dar inicio, por segundo año consecutivo, al programa "Con la Fiscalía Aprendo", iniciativa a la que este año se sumó como invitado el Poder Judicial. Así, el fiscal de Putre Mario Concha junto al juez presidente del Tribunal de Garantía, Juan Araya, impartieron una clase de Educación Cívica a los tres únicos alumnos de ese plantel rural.

La actividad de vinculación con la comunidad incluyó además la misma clase a alumnos del Liceo de Putre, oportunidad en la que el persecutor y el magistrado explicaron materias como la definición del Estado, los poderes y organismos que lo componen y el funcionamiento del actual sistema de justicia penal.

En el mismo módulo, los alumnos simularon una audiencia de formalización de la investigación por un delito de robo en lugar habitado, donde ejercieron roles de juez, fiscal, abogado defensor e imputado.

"Es excelente que la Fiscalía visite nuestra escuela, especialmente porque tenemos alumnos extranjeros y vulnerables y es muy necesario que estos alumnos tengan algún apoyo, una visita de quienes los pueden ayudar en su vida escolar como familiar", expresó Douglas Arriagada, quien ejerce como único docente de la escuela de Chislluma.

El fiscal de Putre, Mario Concha destacó que "este es el segundo año que iniciamos este tipo de charlas y fue bastante bueno. Hicimos un recorrido en lugares donde hay profesores haciendo patria realmente, con tres alumnos".

Una media hora duró ayer la ocupación de las oficinas de la Seremi de Vivienda por un grupo de manifestantes. A eso de las 10:30 de la mañana, cerca de 50 personas se tomaron las dependencias de la cartera. Hasta allí llegaron con panderos, pitos y bocinas, entre otra clase de instrumentos para hacer ruido.

Según el delegado regional de la Federación Nacional de Pobladores (Fenapo), Aníbal Díaz, son en total 350 familias las que llevan esperando cerca de 4 años una solución habitacional.

Comentó que existía una mesa de trabajo social que fue mandatada por el Gobierno, pero que hace cuatro meses no funciona. Por tal motivo solicitó que se programara una fecha para una reunión.

"Vinimos en tres oportunidades, hoy día (ayer) vinimos con todo y logramos que se restableciera la mesa de trabajo para que nos den una solución a nuestra demanda. Llevamos cuatro meses sin la mesa social y debería funcionar de manera bimensual", expresó el dirigente. Planteó que con esta movilización lograron que la seremi enviara un documento dando a conocer que el 13 de julio los va a recibir. "Logramos lo que queríamos", acotó Díaz.

Minvu

La seremi de Vivienda y Urbanismo, Claudia Bustos, explicó que existen conversaciones previas con la Fenapo, en particular sobre los dos comités que representa el dirigente, uno con poco más de tres años de existencia y el segundo con un par de meses, que están siendo evaluados desde el Serviu. Agregó que más aún se les solicitó información de los grupos familiares que lo conforman, antecedentes que aún no han sido entregados.

La seremi explicó que los recibirá el 13 de julio, esperando que la reunión sea constructiva y que puedan aportar con los antecedentes que desde el Serviu se les está pidiendo para continuar con el proceso de evaluación a que se someten todos los comités que postulan en igualdad de condiciones.