Colegios de Arica le dieron a la Ley de Inclusión un sí matizado con dudas y reservas
A diferencia de otras ciudades del norte que sí han tenido conflictos con la ley, en la región el proceso avanza sin anuncios de cierre. Sin embargo apoderados temen por los criterios del nuevo sistema de admisión.
Confusión entre los apoderados, acatamiento con reservas entre sostenedores y optimismo en las autoridades.
Así podrían resumirse las posturas que ha generado en la región la Ley de Inclusión Escolar.
Muchos padres todavía no comprenden en su totalidad los cambios que traerá esta reforma, sin embargo la seremi de Educación de Arica y Parinacota Giullia Olivera, plantea que será algo muy positivo para las familias.
"La Ley no es inmediata, pero estamos viviendo el momento peack, donde nosotros tenemos la manifestación explícita de los colegios que van a ser corporaciones o fundaciones sin fines de lucro, lo cual es positivo para la región", dijo Olivera.
Jorge Díaz, abogado de Jurídico de la Seremi de Educación de Arica y Parinacota explicó los principales cambios.
"Esta Ley contempla 3 pilares, el primero es que se extingue el copago en los establecimientos con financiamiento compartido. Por ejemplo en la región 7 establecimientos renunciaron al copago a partir del año pasado y este año no reciben el pago, porque se congeló y a medida que vayan aumentado las subvenciones este copago va a ir disminuyendo de forma completa", explicó.
"El segundo pilar dice relación con la admisión, la cual entra en vigencia el año 2018 en la región. En este item los establecimientos seleccionaban con algún parámetro a sus alumnos. Sin embargo este proceso se modificó y los apoderados podrán hacer las postulaciones de sus pupilos de forma online y el sistema arrojará los resultados, para que todos tengan igual acceso a la educación de acuerdo al proyecto escolar que los padres elijan", añadió.
"El tercero sería fin al lucro, donde las entidades sostenedoras de los colegios, sean personas jurídicas sin fines de lucro. Para ellos el proceso no significará una pérdida de subvención o recursos, sino lo contrario , será un incremento en distintos tipos de subvenciones a los recursos que ellos reciben para dar educación, de calidad y ojalá universalmente gratuita", manifestó Díaz.
En este último punto la ley establece que los recursos que aporta el Estado solo se podrán utilizar para fines educativos y no se podrán recibir utilidades.
Para el 2018 todos los colegios que reciban aportes o subvenciones del Estado deberán estar organizados como entidades sin fines de lucro.
En resumen esta ley pretende eliminar el copago, poner fin al lucro y mejorar los procesos de admisión.
El pilar que divide
Uno de los pilares que ha dejado disconformes a los sostenedores ha sido el nuevo proceso de admisión en los colegios, que se hará a través de una plataforma web administrada por el Mineduc, que asigna aleatoriamente las vacantes, considerando como prioridad si los postulantes tienen familiares estudiando o trabajando en el establecimiento de su primera preferencia. Esta modalidad partió en agosto en Magallanes y se replicará de forma gradual en todas las regiones del país. Durante este proceso no se harán entrevistas ni pruebas.
En este sentido el Ministerio de Educación señala que se termina con la selección arbitraria. Asimismo explica que la Ley de Inclusión permite que las familias tengan la posibilidad de elegir el establecimiento que más les guste, sin que eso dependa de su capacidad económica, debido a que ahora será el Estado quien aporte los recursos para reemplazar gradualmente la mensualidad que pagan las familias.
Discrepancias
Para Eduardo Díaz, director de los colegios Abraham Lincoln y El Roble y presidente de la Federación de Instituciones de Educación Particular de Arica (Fide) la Ley de Inclusión parte como una necesidad de educación para terminar la segregación, aportando recursos a los establecimientos. Pero enfatiza que no se hizo una distinción entre las distintas estructuras financieras que hay en los colegios.
"Vemos muy engorroso el tema de los procesos de admisión, porque el sistema no discrimina ciertas situaciones familiares, como hermanos de diferentes apellidos. Y de forma interna pasa que tenemos dos octavos y un primero medio y nosotros seleccionábamos a los alumnos por ranking de notas. Pero con el nuevo sistema tendrán matrícula los alumnos prioritarios y quedarán fuera los otros. Entonces eso es difícil de comprender para los apoderados, por eso siento que se les dijo a los colegios que son discriminadores y se les trató de tiranos, siendo que no lo somos", explicó Díaz.
Asimismo señaló que han sido los mismos apoderados quienes le manifestaron en una oportunidad que no quieren que sus hijos se mezclen con cierto tipo de familias.
"Nuestros apoderados han sido los principales inquisidores con este proceso de admisión, pero nosotros como institución tenemos que cumplir con la ley a gusto o disgusto. Son los apoderados que no quieren compartir con ciertas familias que van a ingresar a colegios ahora. Nuevamente los colegios tendremos que practicar el tema de la convivencia y se pueden crear situaciones de discriminación que no vamos a poder controlar. Hay un proceso social que hay que tomar en cuenta", añadió.
Díaz aseguró que con esta ley, Chile tendrá el 1 de enero de 2018 una brecha social más grande.
"Teníamos escuelas municipales, particular subvencionadas gratuitas, particular subvencionadas con financiamiento compartido y los particulares. Ahora no hay nada, solo tenemos dos extremos. Será una brecha grande que ojalá no sea más discriminatoria. Porque hay padres que no quieren que sus hijos se junten con el resto y algunos prefieren pagar", recalcó.
El Colegio Abraham Lincoln funciona hace más de 30 años en Arica y fue uno de los últimos colegios en definirse como corporación. "En un acto de solidaridad, los sostenedores decidieron conformarla como corporación y ya está reconocida por el Ministerio de Educación", explicó Díaz, "aunque había apoderados dispuestos a pagar".
Otro establecimiento que tiene sus aprensiones con esta ley en cuanto al proceso de admisión es el Colegio San Marcos, el cual tiene 84 años de presencia en la ciudad.
"Este año el proceso de admisión va a ser igual que siempre. Pero a partir del próximo año 2018-2019, se va a usar la plataforma online, donde nosotros, como colegio católico, perderemos lo que era esencial en un comienzo, que es el acercamiento con las familias", dijo Luis Santos Vera, su director.
"Tenemos un proyecto de integración con los niños, pero también hay problemas con eso, gracias a la plataforma, porque cada curso no puede tener más de 5 alumnos transitorios. Y que tal si tengo 8 niños con problemas transitorios. Entonces son cosas que ojalá se puedan mejorar", añadió.
En cuanto al copago, el colegio aseguró que este se mantiene hasta que el aporte de gratuidad del Gobierno equivalga a lo que cobra el colegio, o sea el cobro irá bajando, pero se mantendrá hasta 15 ó 20 años más.
"Nosotros tenemos una línea, pero no nos cerramos a tener todo tipo de apoderados, porque ya tenemos aquellos que son de otras tendencias religiosas, como luteranos, anglicanos, evangélicos y agnósticos y son los primeros en pedir una educación valórica, y esperamos que eso no se pierda", aseveró Santos.
Compra de inmuebles
En el ítem, Fin al Lucro una de las medidas más importantes que presenta la Ley de Inclusión es la posibilidad de que los sostenedores de Colegios Particulares Subvencionados, que han pasado a corporaciones, puedan comprar los edificios y terrenos donde realizan sus actividades, esto con la finalidad de que puedan continuar desarrollando su proyecto educativo de manera permanente y que las mejoras de infraestructura no se pierdan.
Para ello podrán acceder a créditos con aval del Estado.
La primera tasación realizada a nivel regional fue la del Colegio Montessori, institución que coincidentemente se ha adelantado a los requerimientos de la Ley de Inclusión y se encuentra actualmente funcionando bajo modelo sin selección arbitraria, sin copago y sin fines de lucro. Al respecto, la sostenedora del Colegio, Carmen Gloria Gallardo, recalcó los beneficios que trae consigo el transformarse en corporación sin fines de lucro y el proceso de tasación.
"Nuestro colegio hace 4 años que es gratuito, decidimos no cobrar mucho antes de que saliera la ley de inclusión. Ahora estamos pasando de sociedad a corporación sin fines de lucro y también hace bastante tiempo que nuestro colegio funciona con el proyecto de integración, así que la selección nunca fue un tema para nuestro establecimiento", agregó.
TaSaciones
A nivel regional las tasaciones se realizan mediante la Unidad de Apoyo a Sostenedores del Mineduc en un trabajo articulado con el Banco Estado y el Banco BBVA, ambas instituciones que apoyarán la compra de los colegios bajo la ley.
En este sentido, Eduardo Díaz señaló que la ley sacrificó a la mayoría de los colegios por una minoría que sí lograba generar utilidades.
"Lo único que dice la ley es que usted tiene que invertir el 100 de las utilidades. Pero si uno analiza, cuantos colegios particulares subvencionados retiraban utilidades hay un tope de 10% de colegios grandes que retiraban utilidades. Pero la mayoría de los colegios no lo hacía. Más del 80 % partieron siendo pequeños. Entonces sacrificaron el esfuerzo de la mayoría por unos pocos. Pero ya la ley está y hay que adecuarse", enfatizó.
En otro aspecto, Díaz señaló que los establecimientos que tienen mayores falencias son las escuelas municipales y no los subvencionados, quienes han sido un aporte a la educación en Chile .
Mas del 50 %
El proceso de adecuación de la Ley de Inclusión será de forma gradual y esto ha generado algunos conflictos en ciudades como Calama y Antofagasta, donde algunos colegios han anunciado su cierre, sin embargo esta situación no se estaría dando en la región.
"Nuestro porcentaje es alto. Esto quiere decir que sobre el 50% de los sostenedores de Arica están confirmados como corporaciones o fundaciones, y eso significa que han entendido los fundamentos de esta reforma a la educación. Hasta la fecha ningún colegio ha manifestado querer ser un particular pagado. O sea, el proceso en la región se está dando de forma positiva", aseguró la seremi de educación Giullia Olivera.
"El abogado ha sostenido reuniones con todos los sostenedores, porque con todos se ha hablado, se ha avanzado y se ha apoyado con convenios y tratos con bancos, hubo asesoramiento", añadió.
En esta línea, el director del Colegio Abraham Lincoln también agradeció el apoyo brindado por el equipo jurídico.
"Hay que destacar que el jurídico de la región, donde esta Jorge Díaz, hace un trabajo bastante bueno, donde ha dado los escenarios posibles para nosotros como sostenedores. Y hasta el minuto los sostenedores optaron por ser corporaciones".
Temores.
En relación a la ley, Juan Quispe Lanchipa, director del Departamento de Educación Católica del Colegio San Marcos y asesor de la Unión Nacional de Padres y Apoderados de Colegios Católicos (Unapac) , que agrupa a apoderados de colegios particulares subvencionados, explicó que los padres temen que la ley haga perder la identidad de los colegios.
"Los apoderados están sorprendidos, porque comentan que no alcanzan a comprender una ley con su reglamento y luego sale otro. Reclaman que no hay claridad de la Ley de Inclusión. En segundo lugar también han manifestado la identidad que tienen ellos con su colegio y temen perderla", explicó.
"Aquí hay apoderados de ocho colegios católicos y todos asumen un proyecto educativo que llevan años, y así han educado a todos sus hijos y ven peligroso ese cambio. Por eso nosotros tenemos reuniones una vez al mes, y lo que plantearon ellos fue que hay muchos cambios rápidos. Ellos ven la inclusión como buena, pero reclaman la forma", expresó.
Los colegios particulares subvencionados que aún no se suman a la Ley de Inclusión tienen hasta el próximo viernes 30 de junio para tener listas sus carpetas de traspaso.
De no ser así, dejarán de recibir las subvenciones que entrega el Estado.