La PDI retiró ayer por la tarde los dispositivos de escucha y grabación de video detectados en la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). Por la mañana, el fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, había criticado la tardanza del gremio empresarial en denunciar el espionaje en sus dependencias y en Empresas Carozzi, el cual se dio a conocer el viernes, pese a que manejaban antecedentes una semana antes.

"Nos llama la atención que no se denunciara al momento en que ocurrieron los hechos", dijo a Cooperativa, y agregó que esto podría, eventualmente, afectar la indagatoria.

La Sofofa respondió, a través de un comunicado, que "no era responsable causar alarma pública antes de tener, al menos, la certeza de si los equipos encontrados en Sofofa estaban o no operativos".

Guerra precisó que la Sofofa no entregó los micrófonos que hallaron en la oficina de su presidente, Hermann Von Mühlenbrock, y del vicepresidente José Juan Llugany, y de la gerencia de Carozzi, sino que sólo informes de Profacis. Estos equipos fueron retirados por la PDI.

Había sido aprobada en ambas cámaras en marzo de este año, pero no fue hasta ayer que la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la protección de personas en situaciones especiales, sancionando así especialmente el maltrato infantil, el de adultos mayores y el de discapacitados.

Además, la normativa crea, a través de secciones online, dos listas de personas inhabilitadas para ejercer el cuidado o el trabajo con el grupo de riesgo. El primero abarcará a quienes no puedan hacerlo por "delitos de connotación sexual cometidos contra menores de edad" y a los por "delitos contra la vida, integridad física o psíquica de menores de 18 años de edad, adultos mayores y personas en situación de discapacidad".

La nueva ley, que juntó seis mociones parlamentarias de 40 diputados, modifica el Código Penal, la Ley de Violencia Intrafamiliar, el Código Procesal Penal y otras normas, para establecer nuevas penas, delitos y reglas respecto a conductas que involucren maltrato psíquico o físico.

Los transgresores podrán enfrentar hasta 60 días de prisión, dice la norma.

"Hablamos de agresiones que, además, costaba mucho perseguir al no dejar, muchas veces, lesiones físicas evidentes o constatables", dijo Bachelet durante un acto en La Moneda.

Denuncia directa

Se destaca, además, la figura del maltrato corporalmente relevante sin resultado de lesiones. "Esto es muy relevante, porque hasta hoy las sanciones penales sólo se aplicaban en los casos en que el maltrato generaba lesiones. Lo se busca entonces con esta ley es que, en esas fases más silenciosas y menos evidentes de la violencia, se actúe a tiempo, se detenga al agresor y no tengamos que lamentar el agravamiento del daño", dijo la Mandataria.

La iniciativa, además, aumenta la pena del delito de maltrato habitual en el contexto de violencia intrafamiliar, la que ahora podrá llegar hasta los tres años de presidio. Esta figura permite que la acción penal se inicie con una denuncia o por acción del Ministerio Público.

60 días de prisión arriesga quien maltrate a alguien de estos grupos vulnerables.