Un adaptador de lanzagranadas, un revólver, dos pistolas a fogueo y abundante munición.

Todo eso fue lo que se incautó a Ricardo Ibarra Gana, en el marco de una investigación entre la Fiscalía y el OS-7 de Carabineros, que desbarató una operación que pretendía trasladar hasta Santiago 18 kilos 845 gramos de marihuana del tipo cripy, y en la que se detuvo a otras cuatro personas.

Según los antecedentes, el ciudadano ecuatoriano Leoncio Bustamante Ruiz y el colombiano Johnatan Fernández Fernández se concertaron para trasladar hasta la zona central un importante cargamento de droga.

Para ello, dejaron un vehículo en una empresa de transportes de la ciudad, a objeto de ser llevado como carga.

Es así como previamente autorizados, los policías realizaron una revisión del vehículo detectando un total de 74 paquetes, que estaban ocultos al interior del estanque de combustible y en el techo de la máquina, arrojando un total de 18 kilos 845 gramos de marihuana del tipo cripy.

Ese mismo día, llegaron hasta la empresa ambos extranjeros para firmar la orden de despacho del móvil, contexto en el que fueron detenidos por los funcionarios del OS-7 por su responsabilidad en los hechos.

Asimismo, el ciudadano colombiano Hamilton Muñoz Segura y Juan Carlos Morales Morales acudieron hasta la oficina en Santiago de la empresa de transportes con la finalidad de retirar el vehículo, instante en que también fueron detenidos.

En el mismo contexto, las diligencias permitieron establecer que Ricardo Ibarra cumplía funciones de seguridad en la organización, incautando al interior de su departamento en la capital un adaptador de lanza granadas marca Launcher Grenade, calibre 40 milímetros, además de un revólver, dos pistolas de fogueo y un chaleco anticortes.

"A este último imputado, además se le incautó droga en su domicilio, dinero en efectivo y elementos para dosificar droga como balanzas digitales. Esta investigación permitió detener a todos los miembros de la organización" expresó el fiscal Patricio Espinoza.

Ricardo Ibarra Gana fue formalizado en calidad de autor de los delitos de tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de arma de fuego, de arma de fuego prohibida y de munición, quedando en prisión preventiva.

El viernes se cumplieron dos años del asesinato de Álex Cuevas, el joven que recibió cinco disparos entre su cabeza y pecho en la Villa Pomerape y cuyos familiares, un abogado, comerciantes y dos personas más fueron condenados por asociación ilícita y tráfico tras comprobarse que antes del homicidio, pertenecían a una organización

Pero desde enero, cuatro de ellos, Álex Cuevas Palma (padre de la víctima fatal), Reinaldo Cuevas (hermano), Patricio Junoy y Emiliano Berthrand iniciaron una huelga de hambre, donde si bien los dos primeros desertaron a los 65 días por hemorragias y otros problemas de salud, los restantes siguen.

"Vamos a recurrir a la Corte Suprema, porque creemos que acá la justicia no ha hecho nada. Por lo menos dos de los condenados son primerizos y eso no se ha tomado en cuenta", explicaron los familiares.

Desde Gendarmería de Chile confirmaron la huelga de hambre, la que estaría siendo monitoreada según los protocolos de asistencialidad a las personas privadas de libertad.