El desalojo iniciado el pasado domingo en Cerro Chuño no dejó a nadie indiferente, y es que las 300 familias desalojadas, el monto de subsidio de arriendo entregado a los afectados y principalmente el poco tiempo que tienen para abandonar las viviendas despertó diferentes opiniones en los vecinos del sector.

Opiniones

Para la dirigenta Gladys Osorio, de la Junta Vecinal Villa Araucanía, el tema es positivo. "Para mí y para los dirigentes del polígono de polimetales es grave, así que con el proceso de demolición estamos muy conformes, porque nosotros hemos sufrido bastante con el tema de la gente que se ha tomado las casas, por la inseguridad que se vive, las poblaciones del polígono estamos muy cerca de Cerro Chuño y por tanto estamos alerta [...] porque de igual forma las personas que se fueron a tomar casas allá, lo hicieron incluso con niños, sabiendo el problema que allí hay [...] es un alivio que se siga el proceso para ya terminar con la contaminación, eso sería muy bueno para poder seguir viviendo tranquilos en nuestros sectores".

Opinión diferente tuvo la presidenta de la Junta Vecinal de los Industriales I, Sonia Araya, quien se mostró preocupada por la situación de las familias, pues a su juicio desde un inicio la erradicación no se llevó de la forma correcta y provocó el conflicto actual. "La culpa la tiene el Gobierno y las autoridades, nosotros cuando se realizó la erradicación en Cerro Chuño, les dijimos que fueran sacando a las personas por manzana y demoliendo inmediatamente, pero no nos escucharon. Entonces luego aparecieron las tomas y hoy está este conflicto, que si bien hay sentimientos encontrados, primero, porque hay niños en ese lugar y en el plazo que les están dando no se puede encontrar arriendo y menos por el dinero que se les está entregando y, en segundo lugar, porque el procedimiento de erradicación bajo el tema de los polimetales se está terminando".

De igual forma, Araya enfatizó en que el proceso de demolición debía hacerse con especial cuidado.

"El polvillo que se levanta al demoler también está contaminado, eso se debe hacer con cuidado, además el retiro de escombros también debe ser expedito" expresó la dirigenta.

Por otra parte, Ana Araya, presidenta del comité de allegados Fuerza de Vida, sector Villa del Solar, expresó que "estamos viviendo una psicosis colectiva, nuestra intención cuando conversamos con Serviu nunca fue solicitar un bono o pasar por encima de las listas de espera, ni mucho menos obtener beneficios de dinero, nosotros queríamos que nos reubicaran en algún lugar mientras tenemos el proceso de postulación de nuestras viviendas. Solo pedíamos un terreno prestado y nosotros nos acomodábamos; no había ninguna condición extra para el traslado. Nosotros sabíamos que debíamos irnos pero no en estas condiciones", concluyó.

La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), mediante publicación en el Diario Oficial, decretó por siete días veda biológica del recurso anchoveta Engraulis ringens para las regiones de Tarapacá y Arica Parinacota.

La medida fue adoptada luego que los resultados de monitoreo revelaran una importante presencia de ejemplares juveniles, prohibiéndose desde el pasado domingo 26 de febrero hasta el sábado 4 de marzo, la captura, comercialización, transporte, procesamiento, elaboración y almacenamiento de la especie y de los productos derivados de esta, con el objetivo de proteger y reducir la mortalidad por pesca durante su periodo de reclutamiento.

Asimismo, la publicación -agrega- que se exceptúa de este periodo de veda, la captura destinada a la elaboración de productos de consumo humano directo y a carnada.

Javier Rivera, jefe del departamento de pesquería de la Subpesca, explicó que la decisión de la veda biológica de la anchoveta en la zona norte de país tiene como propósito "resguardar el proceso de reclutamiento de la especie, en términos de evitar la captura de ejemplares de baja talla".

El día sábado, 25 apoderados de la Escuela D-18, Humberto Valenzuela, se tomaron el establecimiento. Lo anterior con motivo de evitar que el director de la escuela fuera removido.

Mónica Marambio, presidenta del centro de padres, explicó que las medidas fueron tomadas de esa forma, porque no fueron escuchados.

"Tenemos apoyo de más de 300 apoderados, incluso de las redes de apoyo de la escuela en el sector, nosotros intentamos comunicarnos con las autoridades, pero no nos atendieron ni escucharon nuestra solicitud, creemos que el director es un buen profesional y cuenta con todo el apoyo de los apoderados" Durante la tarde de ayer, los apoderados se reunieron con el alcalde, Gerardo Espíndola y el director del Daem, Darío Marambio, donde trataron el conflicto que mantenía a la escuela en toma.

Cerca de las 18 horas, apoderados y autoridades lograron llegar a un acuerdo donde Espíndola se comprometió a reubicar al docente en un establecimiento, lo que finalmente hizo a los apoderados deponer la toma.