Financiamiento de la política
El financiamiento de la política es un tema delicado y que desde hace meses tiene ocupadas a la Justicia y a la opinión pública, a raíz de bullados casos en los que han salido a relucir parlamentarios, empresas mineras no metálicas, grupos financieros, pesqueras y ex familiares de un dictador militar, entre otros.
Lo es, porque a través del aporte de recursos, empresarios y grupos de poder pudieran eventualmente ganarse el favor de autoridades, para que estas actúen a su favor en el ejercicio del poder.
También, porque al entregar mayores recursos a unos que a otros puede favorecer a candidatos que resulten electos a punta de inversión publicitaria y hasta de formas más o menor encubiertas de cohecho y por sus méritos o el valor de sus ideas.
Por último, porque la política es una función y un ámbito de acción esencialmente público y la ciudadanía tiene, por tanto, todo el derecho a conocer el origen uso y destino de sus dineros.
Nuestra región había sido tocada por este tema, a propósito de la situación que afecta al desaforado senador Jaime Orpis, pero esta semana se conocieron antecedentes de otras situaciones que involucran a niveles locales de la estructura administrativa y partidaria.
A grosso modo, el tema aquí es la solicitud de aportes en dinero a militantes del PPD, incluyendo a autoridades regionales y provinciales, para las arcas del partido. Lo más extraño del caso, y el centro de la denuncia, es que estos dineros no debían ser depositados en la cuenta de la tienda política, como lo establece la ley, sino en cuentas personales.
Los antecedentes, dados a conocer por el renunciado ex seremi de Energía resultan preocupantes y es necesario que el tema se esclarezca, en beneficio de la necesaria transparencia y la confianza de la comunidad en sus representantes y autoridades.
Pero es necesario ir más allá del caso puntual y dilucidar, primero si efectivamente hay aquí una irregularidad o delito y, además, si se trata de un hecho aislado o de una práctica que se repite en otras colectividades, de cualquier sector.
La fe pública requiere esas respuestas.