Una investigación sumaria administrativa dispuso el Ejército tras el fallecimiento de un joven civil de 24 años al interior del Cuartel Fontecilla de la Brigada Motorizada N°24 Huamachuco, ubicado en la Avenida Argentina N°3285. La víctima fue identificada como Matías Fuentes Trigo, quien ingresó al recinto militar saltando la muralla trasera.

Los hechos ocurrieron cerca de las 5:40 horas; tanto las causas del deceso y cómo ocurrieron los hechos están siendo investigadas por la Fiscalía junto con personal de la Brigada de Homicidios de la PDI. Si bien las causas aún no están claras la declaración de un testigo que estuvo con la víctima será clave para conocer lo que ocurrió.

"Una persona presumiblemente bajo los efectos de las drogas y alcohol, eso todavía no se determina, ingresó escalando por una de las panderetas incluso con alambres de púas fue sorprendido por centinelas del regimiento; ellos lo redujeron, lo traen a la guardia y se dan cuenta que la persona estaba con sus signos vitales bastante bajos. Llaman al Samu, quienes constataron que el joven estaba fallecido", planteó el fiscal jefe Carlos Eltit.

El persecutor señaló que el cuerpo no presenta ninguna señal de haber recibido algún tipo de disparo, ya que se informó que se había realizado un tiro de advertencia, desde el regimiento explicaron que fue a fogueo. Agregó que tomaron declaración a un testigo que pudo tener contacto con la víctima.

Diligencias

El jefe de la BH, comisario Carlos Bartheld, mencionó que aún no están claras las causas de la muerte. "Tras el examen externo policial del cadáver que realizó la BH no se observaron lesiones traumáticas que pudiéramos determinar que fueron las causas de la muerte, sí presenta lesiones superficiales producto del mismo hecho de haberlo reducido, por lo tanto las causas específicas serán determinadas por el Servicio Médico Legal por la autopsia correspondiente", planteó.

Ejército

Por su parte el comandante de la Guarnición de Arica (S), coronel Pedro Pascual, mencionó que el joven ingresó de forma ilegal al recinto militar y además explicó que se utilizaron los procedimientos dispuestos para este tipo de situaciones. A su vez informó que se inició una investigación interna para determinar el accionar del personal militar.

La primera condena en la región por los delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita, además de tenencia ilegal de armas de fuego y munición, logró la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía en contra de nueve miembros de una organización criminal que operó desde mediados del año 2014 hasta octubre del año pasado.

La investigación dirigida por los Fiscales Francisco Ganga y Claudia Toledo, quienes trabajaron junto a la Brigada de Lavado de Activos y la Brigada Antinarcóticos de la PDI, permitió obtener una sentencia condenatoria en contra de Alex Cuevas Palma y su hijo Reinaldo Cuevas González, además de Emiliano Bertrand Martínez, Santiago Gómez Orrego y Patricio Junoy Junoy en calidad de autores de tráfico y asociación ilícita para el tráfico de drogas.

Mientras que Mauricio Herrera fue condenado por asociación ilícita y Patricia Espinoza Pérez como encubridora para la asociación ilícita.

La organización era liderada por Alex Cuevas González y su padre Alex Cuevas Palma, sin embargo, el primero de ellos fue asesinado de cinco balazos el 21 de abril de 2015, en su domicilio de la Villa Pomerape, quedando a cargo de la dirección del grupo su progenitor y su otro hijo Reinaldo, ambos condenados.

Por su parte, la Fiscal Regional Javiera López, señaló que "esta sentencia condenatoria es el mejor ejemplo de la relevancia de contar con una unidad dedicada a investigar los delitos complejos, toda vez que se sacó de circulación una banda criminal que operaba desde Arica a Santiago y que constituía un peligro para la seguridad de la comunidad".

Como autor del delito de declaración maliciosa de impuestos internos fue condenado por el Tribunal Oral de Santiago, el presidente del Colegio de Abogados de Arica Rodrigo Muñoz. Según el fallo, "efectuó maniobras dolosas encaminadas a burlar el impuesto a la renta a través de una declaración maliciosamente incompleta para inducir a la liquidación de un tributo inferior al que correspondía", lo que habría generado un perjuicio fiscal de $110.112.581, según lo señaló el Diario "El Mercurio".

Según la resolución, en su calidad de abogado, Rodrigo Muñoz prestó servicios como persona natural a la comunidad indígena Aymará Cancosa y junto al abogado Jaime Silva Romero -coimputado ya condenado en la causa- en el 2006 ingresó dos demandas por daño ambiental y reparación contra la compañía minera Cerro Colorado Limitada. Dos años después, se llegó a un avenimiento que puso fin al litigio.

MUÑOZ

En tanto Rodrigo Muñoz, calificó el fallo como un error y señaló que no hubo una investigación eficiente.

"El Cuarto Tribunal Oral ha cometido un grueso error al establecer mi participación en los hechos. En este caso hubo una investigación deficiente e incompleta, pues el ministerio Público tuvo todas las facultades y el tiempo para pedir que se abrieran las cuentas corrientes bancarias. Me hubiera gustado que lo hiciera y no lo hizo. Aún así, presentó acusación suponiendo que yo había recibido una suma de dinero que no se condice con la realidad y sin prueba alguna porque no la hay que le dé sustento a dicha imputación".

Por otro lado señaló que lamentablemente al Tribunal le bastó que tuviese la calidad de socio de la sociedad cuestionada para considerarlo responsable.

Explicó que "en lo personal, yo esperé confiado que funcionaran las instituciones y que imperara el principio que obliga a la fiscalía a probar todos los extremos de su acusación, pero no fue así. Ahora es a la inversa: tendré yo que demostrar que no soy culpable del supuesto delito y que no recibí el dinero que se me imputa, lo que me parece aberrante. Espero que la sensatez prime y, cuanto antes, el fallo sea anulado, para que se reestablezca el imperio de la ley."