Un grupo de militares en retiro ariqueños presentó una querella criminal en contra de quienes resulten responsables por el presunto delito de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y fraude al fisco.

La acción se originó en una denuncia por parte de los querellantes, que sostienen que dicha subsecretaría no les pagó todos los años de desahucio, estableciendo en forma ilegal un tope de 30 años.

La querella es encabezada por Carlos Alfredo Bustos Orrego, en representación de otros 28 militares en retiro y fue presentada el 10 de noviembre del año pasado ante el Juzgado de Garantía de Arica.

Según los querellantes, la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas aplicó en su caso una norma que establecía un tope de 30 años para el cálculo de sus pensiones, pero que luego fue declarada inconstitucional. Por ello, piden que se les reliquide, cancelando el total de los años de servicio efectivamente prestados en las Fuerzas Armadas, tal como ocurrió en al menos dos casos que ellos detallan en la querella.

Además inquieren cuál fue el destino de los recursos que alegan les correspondían en derecho.

Según detallaron, el Juzgado de Garantía de Arica admitió a tramitación la querella, con orden de investigar, pero el 8 de julio de este año se declaró incompetente, ya que los hechos que habrían sido constitutivos de delito se originaron en Santiago, específicamente en la oficina de Gestión Previsional de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas.

Por ese motivo, remitió todos los antecedes al Sexto Juzgado de Garantía de la capital, que aún no se pronuncia.

El alcalde Gerardo Espíndola y el diputado Vlado Mirosevic anunciaron ayer que la Central Termoeléctrica Parinacota, que se ubicaría en Cerro Chuño, no se construirá, gracias a una gestión que realizaron con la ministra de Bienes Nacionales, Nivia Palma, a quien le enviaron una carta argumentando que a la empresa Termonor S.A se le cumplió el plazo de ejecución del proyecto, el cual vencía el 14 de agosto de este año.

"La empresa que estaba a cargo de construir la termoeléctrica no cumplió los plazos ante lo cual el diputado y yo por mi parte enviamos cartas para que no siguiera este proyecto. Es una súper buen noticia porque responde al clamor ciudadano que dijo que no a un proyecto que iba a generar contaminación en el medioambiente. Es una noticia para celebrar", dijo el alcalde.

Agregaron que el Ministerio de Bienes Nacionales tiene la obligación de revocar el contrato y cerrarlo, ya que en ellos recae la obligación de constatar los incumplimientos contractuales.

El diputado Vlado Mirosevic comentó que la empresa confirmó formalmente su voluntad de no continuar con el proyecto aduciendo una serie de inconvenientes para ejecutarlo en los plazos acordados y no contar con los permisos sectoriales.

"Hicimos una presentación a la ministra de Bienes Nacionales y le pedimos que revoque el contrato para efectos de terreno debido a que no se cumplió con el plazo de 3 años".

El terreno donde se ubicaría esta termoeléctrica correspondía a 2, 09 hectáreas y su anunció provocó masivos actos de rechazo en la comunidad.