El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, se refirió ayer a la idea, planteada estos días, de expulsar a extranjeros con antecedentes penales, o que hubiesen cometido delitos en Chile.

"La idea de expulsar a una persona que sea sorprendida cometiendo algún hecho, eso sí es inconstitucional", manifestó Dolmestch, quien agregó que "el principio de inocencia es hasta el final. Mientras la persona no sea condenada y no sea declarada responsable de un delito, no puede ser expulsada".

Sus dichos se producen luego de que el senador Manuel José Ossandón señalara la "necesidad" de contar con una "política muy dura con los delincuentes que están llegando. Hay que expulsarlos inmediatamente".

El ex Presidente Sebastián Piñera dijo días atrás que "muchas bandas de delincuentes en Chile son de extranjeros", respecto de lo cual Dolmestch sostuvo que "al parecer habría algunos errores estadísticos".

Bajas cifras

Según un informe elaborado por la Policía de Investigaciones (PDI), y citado por el diario La Tercera, los ilícitos denunciados en 2015 que involucran a extranjeros llegaron a 4.299, lo que equivale al 0,3% del total de denuncias registradas en Chile por la Fiscalía Nacional. Rodrigo Sandoval, director nacional del Departamento de Extranjería del Ministerio de Interior, señaló que "la mayoría de los extranjeros que son expulsados del país es por haber ingresado clandestinamente, y no por cometer un delito".

"sERÁ PRIORIDAD"

La actual Ley de Migraciones data de 1975. Desde La Moneda, la vocera de Gobierno, Paula Narváez, aseguró ayer que el Ejecutivo se encuentra trabajando en una "nueva ley de migraciones desde el año 2014".

Añadió que esta iniciativa será una de las "prioridades" del gobierno a la hora de diseñar la agenda legislativa de la etapa final del mandato de la presidenta Michelle Bachelet.

En mayo del 2013, el Gobierno del ex Presidente Piñera envió al Congreso un proyecto de ley que buscaba regular el tema, aunque no le fue asignada urgencia legislativa. Según Narváez, este proyecto está siendo considerado por el Ejecutivo en la elaboración de la futura ley.