Los trabajadores del Servicio de Atención Médica de Urgencia (Samu) manifestaron su malestar ante la decisión del Servicio de Salud de Arica (SSA) de trasladar las ambulancias al sector norte.

Según los funcionarios, a nivel nacional se creó la expansión de los Samu, que se implementarían con más personal, más ambulancias y más bases (locales).

"En Arica, el proyecto pretendía crear dos bases para poder concurrir más rápido a las urgencias. Uno iba a estar ubicado en el sector norte y otro, en el sur", comentaron.

Los trabajadores aseguraron que el SSA ocupó los dineros destinados a la habilitación de la segunda base, por lo que ahora solo contarán con una, en el área norte de Arica, dejando las instalaciones de 18 de Septiembre.

El SSA , en tanto, informó que se tomó la decisión de traslado del Samu a Barros Arana -donde estará el nuevo local- porque se garantizará la seguridad y reguardo para los móviles. Del mismo modo, la nueva ubicación permitirá estar a menos de 10 minutos de cualquier punto de la ciudad, y finalmente, el 60% de los llamados de ambulancias corresponde al sector norte de Arica.

La inversión de habilitación de la nueva base es de 22 millones de pesos y la compra de tres ambulancias para ampliar la dotación es de 220 millones de pesos. Además se aumentará el recurso humano para el funcionamiento de los nuevos móviles (enfermeros reanimadores, técnicos paramédicos y conductores). El traslado será a fin de mes.

Luego de realizar trámites bancarios abandonó la sucursal del banco del Estado de avenida Santa María, tal cual lo hace a menudo, caminando hasta su camioneta estacionada frente a INACAP, momento en el cual fue interceptado por dos individuos, uno de los cuales le disparó a las piernas, para arrebatarle un talonario de su cuenta corriente y el dinero en efectivo, que portaba.

El asalto a mano armada ocurrió a eso de las 14.30 horas de ayer, cuando la víctima, un hombre de la tercera edad, concurrió a la sucursal bancaria, desde donde -aparentemente- era seguido por los dos delincuentes.

El herido quedó en plena vía frente a un auto mini Cooper de color rojo, el que también recibió impactos de bala en su estructura.

Un joven, de uno de los locales de comida de avenida Gonzalo Cerda, fue el que le prestó los primeros auxilios.

"Lo vi arrancando y detrás de él dos individuos, al parecer colombianos. Luego sentí un ruido, pensamos que era un balazo, pero luego comenzaron más disparos", dijo David.

Tras eso lo fue a mirar y "ahí me dijo 'ayúdame me dispararon ayúdame', pero no se quejaba. Ahí me dijo que le habían robado una chequera y plata en efectivo", aseguró el trabajador del sector.

Los delincuentes lograron escapar, mientras que el herido fue trasladado hasta la Posta de Urgencia del Hospital Juan Noé, donde le constataron los impactos de bala en una de sus piernas, quedando internado en el Hospital Juan Noé.

PERICIAS

Al lugar concurrió carabineros de la Tercera Comisaría, los que acordonaron el sector para las pericias de los funcionarios del Laboratorio de Criminalística (Labocar), quienes dibujaron círculos en la calle, donde quedaron los cartuchos de las balas, estableciendo que se realizaron más de cinco disparos.

Los vecinos del sector quedaron desconcertados por la agresividad de los delincuentes, los que hasta el cierre de la edición, permanecían prófugos, siendo buscados en varios sectores de Arica por la policía.

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones acogió los argumentos planteados por la Fiscalía y rechazó la solicitud de las defensas que buscaban anular el juicio oral que condenó a Luis Olivares Gallardo y Marcelo Fredes Pavez, por estafas reiteradas en la venta de vehículos, tras montar una automotora informal causando perjuicio por más de 75 millones de pesos.

De esta manera, el tribunal de alzada confirmó por mayoría las sentencias de 7 y 5 años y un día de cárcel, dictadas contra Olivares Gallardo y Fredes Pavez, respectivamente, quienes deberán cumplir sus penas de forma efectiva, en el marco de una investigación dirigida por la Fiscal Regional, Javiera López, quien trabajó junto a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.

La investigación logró acreditar 27 casos en que los acusados solicitaron dinero por adelantado a sus víctimas para traer vehículos por encargo, los que finalmente nunca fueron entregados.

La indagatoria permitió establecer que ambos acusados montaron una automotora de fachada llamada Matty Cars, la que no contaba con patente municipal ni pago de IVA ante el Servicio de Impuestos Internos.

El modo de operar consistía en exigir dinero por adelantado a los clientes, para reservar y traer vehículos por encargo desde el extranjero.

Asimismo, otras personas le dejaron sus automóviles para ser vendidos en el negocio; sin embargo las víctimas nunca recibieron los vehículos ni les fue devuelto su dinero.