Intensas diligencias se están realizando para esclarecer el caso del hombre que murió tras ser víctima primero de una riña en la vía pública y segundo terminó siendo atropellado por su agresor.

Según la investigación la víctima Pedro Valderrama Vega de 37 años, mantiene heridas atribuibles a terceras personas, entre ellas serían varias estocadas en su cuerpo, principalmente en su rostro.

El hecho se registró la mañana del lunes a eso de 8 horas en la esquina de Blanco Encalada con Waidele.

De acuerdo a las primeras diligencias, el hecho se registró en el contexto de una riña en la vía pública protagonizada por la víctima y otras personas. Tras ello, uno de los involucrados abordó un vehículo con el que habría atropellado intencionalmente al individuo fugándose del lugar.

Carabineros horas más tarde, encontró el vehículo con que fue atropellada la víctima, un Nissan March de color plomo en las cercanías del lugar del hecho. Dicho móvil a pesar que fue lavado, presentaba evidencias de un accidente, como rastros de sangre y el vidrio trasero quebrado.

Personal de Carabineros de la Sip de la Primera Comisaría están realizando todas las diligencias para dar con el autor de este trágico hecho de sangre que tiene a los vecinos del sector donde ocurrió el hecho atemorizados.

Un total de 10 personas, todas extranjeras fueron formalizadas por la Unidad de Alta Complejidad (UAC) de la Fiscalía de Arica , por su presunta responsabilidad en la entrega de certificados de estudios falsificados, que les permitió obtener licencias de conducir desde la Dirección de Tránsito de la municipalidad local.

La investigación está a cargo del fiscal Francisco Ganga , quien trabajó junto con funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones.

Formalización

De acuerdo a los antecedentes expuestos en la audiencia de formalización, un total de nueve ciudadanos peruanos y un colombiano, entre los meses de junio a noviembre de 2012 presentaron ante la Dirección de Tránsito un certificado falso de enseñanza emanado por una escuela pública de la ciudad.

Mediante este documento adulterado, los extranjeros obtuvieron posteriormente una licencia de conducir clase B, por lo que fueron imputados en calidad de autores del delito de presentación de certificado falso para obtener licencia de conducir.

"Se logró verificar que ninguno de los imputados había cursado estudios en la escuela en la que habrían obtenido dicho certificado y que la firma a nombre del director de dicho recinto era falsa", explicó el persecutor.

Si bien la Fiscalía solicitó la aplicación de medidas cautelares de baja intensidad para los imputados, el Juzgado de Garantía negó dicha petición.

Investigación

La Unidad de Alta Complejidad inició esta investigación tras recibir una denuncia de la municipalidad local que alertaba sobre la presunta venta irregular de licencias al interior de la Dirección de Tránsito.

A partir de ahí se decretaron diversas diligencias y pericias que permitieron detectar, hasta el momento, casos de personas que habrían cancelado entre 150 mil a 200 mil pesos para obtener por primera vez o renovar de forma fraudulenta dicho documento.

Asimismo, hay casos en que se entregaron los documentos sin que los usuarios hayan realizado el examen sicométrico o visual previo pago de dinero, así como también se utilizó un timbre adulterado y se falsificó la firma del médico oftalmólogo encargado del examen visual.

El Tribunal fijó un plazo de investigación de 60 días.

Tras analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía de Arica, el Tribunal Oral condenó a una mujer de 64 años como autora del delito de abuso sexual en contra de su nieto de 6 años.

La investigación de la Fiscalía, que trabajó junto a funcionarios de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI, acreditó que la acusada abusó del menor entre los años 2011 y 2013, por lo que fue condenada a una pena de 4 años en libertad vigilada intensiva.

Debido a su rol constitucional de dar protección a quienes han sido víctimas o testigos de un delito, especialmente cuando se trata de menores víctimas de un delito sexual, la Fiscalía no identificará a la acusada, a fin de evitar que esa información permita identificar a la víctima de estos hechos.

De acuerdo a los antecedentes expuestos en el juicio oral, los hechos se registraron entre los años 2011 y 2013, cuando la acusada bañaba a su nieto, ocasión en que aprovechaba de realizarse tocamientos en sus genitales. Lo mismo hacía cuando el menor dormía siesta.

En el juicio oral, la Fiscalía presentó la declaración de la víctima, además de los funcionarios policiales que participaron del procedimiento y peritos logrando acreditar los hechos de la acusación, consiguiendo una sentencia condenatoria en contra de la acusada.