La ministra de Justicia, Javiera Blanco, asistió ayer a la comisión del Congreso que estudia la pertinencia de la acusación constitucional presentada en su contra. La acción fue interpuesta en agosto por el diputado René Saffirio, y podría derivar en su destitución.

Blanco, junto a su abogado, Jorge Correa Sutil, se defendió ayer de los cuestionamientos por su desempeño frente a las muertes ocurridas en casas controladas por el Servicio Nacional de Menores (Sename), organismo que depende de su cartera: "Hemos impulsado iniciativas como la creación del defensor del niño y la subsecretaría de la infancia. Además de una inversión importantísima de siete mil millones de pesos en infraestructura. Esto es insuficiente, pero marcará un antes y un después".

La acusación se basa en que, de acuerdo a la presentación, Blanco habría infringido la Constitución, incumplido leyes y comprometido el honor de la Nación.

El primer punto tiene relación con la divulgación de informes que descartaban el número de menores fallecidos, dado por el servicio. Al respecto, Blanco recalcó que "a una ministra no se le puede responsabilizar por tener la rigurosidad de no dar una cifra que no sea certera y correcta. Lo que nosotros estamos haciendo hoy día es un ejercicio responsable de levantar información, que no se ha hecho".

Correa Sutil acotó que "los ilícitos que se imputan a la ministra son confusos y contradictorios". Blanco agregó que "el gran error es querer generar, a través de esta instancia, un juicio político". El ex ministro de Educación, Harald Beyer, respaldó a Blanco por las acusaciones. Por la tarde, Blanco volvió al Congreso por la segunda acusación, vinculada con Gendarmería.