El sábado entró en vigencia la Ley 20.886, conocida como la Ley de Tramitación Electrónica de procedimientos judiciales, que a primera vista, pareciera ser una norma más con que cuenta el país. Sin embargo, se trata de un esfuerzo importante por parte del Poder Judicial, un avance tan innovador, que cambia los paradigmas y percepciones que la comunidad tiene del funcionamiento del sistema.

En términos simples, la Ley de Tramitación Electrónica modifica el Código Orgánico de Tribunales y el Código de Procedimiento Civil, terminando con la materialidad de los procesos, para dar paso a la informática.

Este avance no sólo termina con los miles y miles de papeles que históricamente han caracterizado el mundo judicial en nuestro país, sino que además, mejorará la eficiencia de la tramitación de los procesos judiciales, permitirá a todos los ciudadanos ingresar al sistema y conocer el estado de causas desde cualquier computador, evitando la pérdida o extravío de documentos entre otros beneficios.

A eso se suma la disminución en los costos de litigación para todos los involucrados en procesos, contribuye al cuidado del medio ambiente, agrega más transparencia a los trámites, mejora el acceso a la justicia y permite hasta ahorrar tiempo en traslado a tribunales.

Estos avances van en sintonía con otros que ha mostrado el Poder Judicial, y que presentan a un órgano del Estado cada vez más cercano, empático y con una mayor orientación al servicio. Prueba de ello es, por ejemplo, la campaña denominada "Cruzada ACOGER. La alegría de acoger", que hace unas semanas también estuvo en Arica, destinada a mejorar los estándares de atención al público y a poner atención a las inquietudes de los usuarios.

El ministro de la Corte Suprema Carlos Cerda, fue claro al hablar de funcionarios "tienen que recibir con los brazos abiertos y una cara risueña a los usuarios". Sin duda, todos estos avances, que van desde los de tipo técnico hasta los netamente humanos, son un paso vital para hacer que nuestra Justicia sea mucho mejor entendida y considerada por la ciudadanía. Más aún, que su trabajo sea más efectivo y accesible para todas las personas.

Es posible que después de ser testigos de los últimos incidentes de la protesta en el centro de Santiago, que culminaron con el saqueo a la Iglesia de la Gratitud Nacional y el desenfrenado vandalismo en el Internado Nacional Barros Arana, tengamos que mirar esas acciones no solo como repudiables actos de violencia, sino como manifestaciones que representan algo más que esa pulsión destructiva que habita en los seres humanos y que se libera cuando los mecanismos de control de la sociedad bajan la guardia. Lo que vimos en las pantallas de televisión fue una bien organizada demostración de desafío a la autoridad, a la vez que un rechazo a al sistema democrático que rige los destinos de la nación.

La novedad de las manifestaciones de la semana pasada es que el discurso de algunos dirigentes estudiantiles se identificó con el anarquismo, filosofía que se expresa a través de movimientos que abogan por la destrucción del Estado, como primer paso para satisfacer demandas sociales y cuyo más reciente ejemplo, fue el tristemente célebre régimen del dictador Pot Pol en Camboya (1975-1978), que en cinco años destruyó la economía de ese país y causó la desaparición de más de un millón de ciudadanos disidentes.

Sin perjuicio de la legitimidad de las marchas estudiantiles y de la pasmosa capacidad de los encapuchados para eludir la justicia - lo que constituye un absurdo difícil de explicar - es probable que la mayoría de aquellos que expresan su frustración con violencia no lo hagan con fines políticos, sino más bien como una forma de articular su desencanto respecto de la escasa posibilidad de realización personal que les ofrece la sociedad actual.

Habría que preguntarse si los estudiantes alguna vez han examinado con rigor, los fines y efectos del anarquismo en la sociedad versus la posibilidad de complementar sus movilizaciones con procesos de negociación, a través de los cuales se llegue a acuerdos, para la búsqueda de soluciones a los problemas; como se hace en una sociedad democrática.