La mañana del 11 de marzo de 1990, Patricio Aylwin se dirigía al Congreso a bordo del Ford Galaxie con la banda tricolor. A su nuevo ministro del Interior, Enrique Krauss, le planteó una pregunta: "¿Te das cuenta, Enrique, te das cuenta en lo que nos estamos metiendo?".

Con esa interrogante, rescatada en el libro "La historia oculta de la transición" de Ascanio Cavallo, ambas autoridades reflexionaban sobre lo que les depararía el proceso de transición después de 17 años de régimen militar.

Un poco retrasado, el general Augusto Pinochet llegaba al Parlamento para hacer su primer saludo al nuevo Mandatario. "Presidente -le dijo, sonriente-, le vengo a ofrecer toda mi colaboración". "Gracias, general", respondió Aylwin, parco y formal, según escribió Cavallo.

Al día siguiente, ante unas 80 mil personas que acudieron al Estadio Nacional, Aylwin hizo un llamado a la unidad y la reconciliación del país.

"Nos reunimos esta tarde con esperanza y alegría. Con esperanza, porque iniciamos por fin, con espíritu fraterno y anhelantes de libertad y de justicia, una nueva etapa en la vida nacional".

Cuatro horas después de la transferencia de poder, el ministro de Justicia, Francisco Cumplido, ya tenía los dos primeros paquetes jurídicos del Gobierno, destinados a resolver el tema de los presos políticos y a lograr un equilibrio en las leyes penales.

Pero el nuevo Gobierno tenía claras sus limitaciones:el periodo presidencial excepcional de cuatro años los obligaba a trabajar con rapidez, dice Cavallo en su libro, y la reconciliación, tema central de esta gestión, debía avanzar con una mezcla de prudencia y prisa.

El Congreso, en tanto, estaba desequilibrado de sus mayorías electorales debido a la presencia de nueve designados sobre 38 elegidos. Rojas veía que los esfuerzos por modificar la legislación heredada estarían restringidos por la necesidad de negociar y la falta de señales de la oposición y las FF.AA. de ceder.

En las autoridades salientes, los temores giraban en torno a que las FF.AA. hallarían dificultades para expresarse en el Congreso y el Consejo de Seguridad Nacional; a la ambigüedad en la relación entre el comandante en jefe y el poder político, y a los problemas de los DD.HH.

Con las fotocopias de tres cheques en sus manos llegó a mediados de agosto de 1990 el Presidente Aylwin a una reunión con sus ministros en La Moneda. Los documentos fotocopiados habían sido emitidos por el Ejército, totalizaban $ 971.940.001 (alrededor de US$ 3 millones) y tenían como destinatario a Augusto Pinochet Hiriart, segundo hijo del comandante en jefe. Con ello comenzaba a surgir el caso conocido como "Pinocheques", relacionado con tres cheques que habían sido pagados por el Ejército para comprar acciones de Valmoval, una empresa dedicada a la administración de fusiles, gestionada por el Ejército y que se había declarado recientemente en quiebra. Luego que las fotocopias llegaran a varios medios de comunicación y en la Cámara de Diputados se impulsara una investigación, el Comité Asesor alertó a parlamentarios opositores sobre la "farsa política" con la que a su juicio se quería dañar la imagen de Pinochet. Tres años después, el ministro Enrique Krauss advertía a Aylwin que la eventual decisión del CDE de pasar el caso de Valmoval a la justicia del crimen podría causar nuevos problemas. Y así fue.

En una de sus portadas de mayo de 1993, el diario La Nación tituló:"Reabren caso cheques del hijo de Pinochet". El general Jorge Ballerino mostró un ejemplar a Pinochet, quien interpretó la publicación como una "orquestación"en su contra, según recogió "La historia oculta de la transición". El 28 de mayo de 1993, comandos del Ejército se reunieron en las cercanías del Palacio de La Moneda, armados y con vestiduras militares de combate, lo que después se conoció como "Boinazo". El objetivo era hacer presión para que no se abriera el caso "Pinocheques". El "Boinazo" fue "la segunda y peor crisis militar de la transición", según consideró Ascanio Cavallo en su libro, y reflejó que los oficiales "se las ingeniaban para añadir, a ese impresentable motivo, todas las razones institucionales que pudieran justificar un extenso movimiento de insubordinación". Finalmente, y gracias a acciones como el "Boinazo", el caso no fue abierto nunca oficialmente durante el periodo de la transición y sus autores no fueron condenados.

El Informe Rettig y la petición de perdón ante todo el país

El 24 de abril de 1990 se constituyó formalmente la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, con la que Aylwin pretendía saber la verdad y hacer justicia sobre las violencias inferidas en el régimen militar.

Según señala Cavallo en "La historia oculta de la transición", el Presidente entendía que su Gobierno no tendría sentido si no se determinaba la verdad de lo que había ocurrido.

En un documento seminal, el abogado José Zalaquett advirtió que sería inviable derogar la ley de amnistía de 1978 y que se requeriría una política global sobre DD.HH. Por ello sugirió "preferir el conocimiento de la verdad por sobre la aplicación de sanciones penales".

Parte del gabinete de Aylwin manifestó su reticencia a la creación de una comisión para que investigara lo sucedido, pues les parecía que crearía más dificultades.

Pese a ello, y en un trabajo casi en solitario, señala Cavallo, el Mandatario comenzó a convocar a quienes integrarían la instancia, entre ellos el mismo Zalaquett, Jaime Castillo Velasco, Ricardo Martin y José Luis Cea. Sin embargo, Aylwin sabía que lo más importante era que la comisión tuviera solvencia política, con la presencia de la derecha. Por ello invitó a figuras como Gonzalo Vial, ex ministro de Educación del régimen militar.

La comisión fue presidida por Raúl Rettig, que a sus 81 años continuaba siendo "la imagen del repúblico por excelencia", escribió Cavallo.

Si bien desde el Gobierno le habían garantizado que esta no era una iniciativa en su contra, el Ejército no miró con buenos ojos la configuración de este equipo, por lo que determinó no ayudar a la comisión. La FACh y la Armada pusieron distancia a esa estrategia.

Y mientras los partidos oficialistas y organizaciones sociales respaldaron los propósitos de la comisión, la oposición expresó sus aprensiones, recordó Cavallo en su libro.

El 13 de mayo, en su primera visita a La Moneda tras dejar el poder, Pinochet sostuvo una reunión con el Presidente Aylwin en la que le entregó una minuta en rechazo a la comisión.

Después de nueve meses de trabajo, el 8 de febrero de 1991, la comisión Rettig entregó al Mandatario su informe. Allí se detallaron 3.550 denuncias de violaciones a DD.HH., se retrató el dolor de las familias y las víctimas y se propuso una serie de reparaciones. El reporte finalizó con un llamado a no reproducir "nunca más" los hechos.