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"Es una querella irresponsable"

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Respecto a la querella, David Zapata aclaró que jamás ha participado en la modificación de bases de ningún tipo, toda vez que esas funciones, dice el core, corresponden a los funcionarios de la División de Planificación del Gobierno Regional y a los abogados del mismo organismo, quienes tienen la responsabilidad de visarlos, para finalmente el intendente publicarlas. Respecto a favorecer individualmente a una determinada organización dijo que es imposible, toda vez que son 14 los Cores con derecho a voto, y que en el caso de dicho concurso, los resultados lo votaron unánimemente.

"La querella del Consejo de Defensa del Estado se funda principalmente en lo que respecta a mi persona, en que habría beneficiado a una organización, cuyo responsable era el señor Allan Ramírez, miembro del Partido Radical, el cual habría participado en mi campaña para core. Lo anterior constituye una irresponsabilidad grave del Consejo de Defensa, toda vez que cualquier persona, con un mínimo conocimiento de la actividad política en la ciudad, sabe que ese año Ramírez jamás trabajó en mi campaña, de hecho fue un adversario. Es imperioso que el Consejo de Defensa aclare de dónde sacó esa información calumniosa", planteó Zapata.

Querella contra el core David Zapata

La acción fue presentada por el Consejo de Defensa del Estado por recursos del 2% del FNDR.
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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló por el caso del 6% de los recursos del FNDR por el delito de fraude al fisco y estafa.

La acción va dirigida contra el presidente del Consejo Regional, David Zapata (actual candidato a alcalde), del ex core Patricio Sierralta y los concejales de Camarones Allan Ramírez y Carla Torrico, todos pertenecientes al Partido Radical y también involucra a Erick Donaire, funcionario administrativo de Gendarmería y Carolina Acevedo, estos últimos por estafa.

Qué dice la querella

Los antecedentes de la querella señalan que el 2011 los cores Zapata y Sierralta participaron de la modificación del reglamento para la subvención del 2% del FNDR para cultura, deportes y seguridad ciudadana, para facultar al Consejo Regional a votar uno a uno los proyectos y aprobarlos sin tomar en consideración los puntajes. La acción judicial señala que ambos intervienen en la redacción de las bases del concurso y realizan el listado de proyectos elegidos desde el 2011 al 2013.

La misma querella dice que Zapata y Sierralta eligieron proyectos desde su punto de vista particular, ya sea para financiar a su partido político o porque las personas encargadas de los proyectos trabajarían en sus campañas para resultar electos nuevamente como cores en la elección pasada.

A quienes beneficIaron

Así beneficiaron a la organización Quenua, la cual presentó tres proyectos, que contó con los votos de Zapata y Sierralta. Los proyectos presentados eran de tal complejidad que dicha organización, por lo pequeña, era muy difícil que los llevara a cabo. La presidenta de Quenua es la madre de Allan Ramírez. En este caso particular, la defraudación alcanza a los $ 33.010.000.-

Por otra parte, Sierralta habría favorecido con dos proyectos a organizaciones afines a su partido: la Organización Deportiva Social Cultural San José, cuyo monto alcanzó la cifra de $ 26.780.000, y al Club Deportivo Esmeralda, presidido por Erick Donaire, quien participó activamente en la campaña de Sierralta. El Club Deportivo Esmeralda tenía pendiente una rendición anterior, lo que hace ilegal e impropio el asignarle otro proyecto sin la rendición total del que se le había aprobado anteriormente.

Participación

Para el CDE Zapata y Sierralta, el concejal Ramírez y el funcionario Donaire los dos primeros en sus calidades de cores y los dos últimos como participantes de campañas políticas, obtuvieron dineros provenientes de subsidios de proyectos mediante diversas acciones fraudulentas realizadas en la postulación y la no rendición de iniciativas del 2%.

Una parte del perjuicio para el Gobierno Regional asciende a $62.190.000, suma total de los proyectos adjudicados y no rendidos por los ejecutores Ramírez y Donaire, puesto que no hay ninguna constancia válida de que los proyectos se ejecutaron, plantea la querella que presentó el 11 de marzo el CDE.