Evo Morales, el Presidente de Bolivia, anunció que presentará una nueva demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Esta vez por las aguas del río Silala.

El Mandatario afirmó que el Silala "no es un río internacional" y acusó al canciller Heraldo Muñoz de "mentir", luego de que mostrara un mapa para rebatir el argumento de La Paz. Frente a esto, la opinión de los diputados concuerda con la del ministro de Relaciones Exteriores: es un río internacional.

Otra demanda a La Haya

Mientras se encontraba en una actividad en la localidad de Cuchumuela, Evo Morales anunció "no sólo hacer la demanda por una salida soberana al Pacífico, sino también ahora resolvimos iniciar una nueva demanda por las aguas del Silala".

El Presidente de Bolivia dijo que "no es un río internacional, que no mienta Chile", aseguró aludiendo al ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, quien mostró por primera vez un mapa contenido en el Tratado de Paz y Amistad de 1904, en el que se especifica que el Silala es un afluente internacional.

Dicho documento refutaría la postura de Morales, quien ha calificado de "ilegal y abusivo" el uso del agua por parte Chile.

Baja popularidad

El diputado Vlado Mirosevic comentó al respecto que Chile tiene "razón en afirmar que el Silala es un río internacional. En el pasado, Chile se sentó con Bolivia para llegar a un acuerdo sobre el uso de dichas aguas, sin embargo, fue Bolivia la que a última hora se levantó de la mesa e impidió un acuerdo. Si ellos nos llevan a La Haya por no sentarnos a negociar una salida al mar, en este caso aplica todo lo contrario".

Mirosevic dijo estar de acuerdo con el canciller en términos de contrademandar a Bolivia ante La Haya, en la medida que ellos insistan con esta iniciativa.

"No debemos olvidar que esta nueva amenaza de Evo Morales se da en un contexto en donde se encuentra en medio de fuertes cuestionamientos internos, por lo que no es de extrañarse que el caso del Silala sea un nuevo intento por obtener popularidad", manifestó.

Por su parte el diputado Luis Rocafull dijo que Chile ha sido muy "respetuoso con las demandas de Bolivia y sus decisiones respecto a su manejo internacional. Sin embargo, me parece que hoy los bolivianos ya no le creen mucho a Evo Morales, por haberle mentido a su pueblo. Recordemos que al presentar la impugnación marítima ante la Corte Internacional de La Haya, el tribunal dijo de manera enfática que el tratado de 1904 no se toca, no tienen facultades para intervenir en el tratado, por lo tanto esto significa que se mantienen inalterables los límites. No obstante, Evo Morales lo tradujo como un triunfo para ellos".

Rocafull también hizo referencia al referéndum que Morales perdió: "ahora no encuentra nada mejor que amenazar con una nueva demanda y eso, aparte de convertirlo en mentiroso, provoca un daño tremendo a las relaciones que pueda tener Bolivia con Chile. Yo lo lamento por el pueblo boliviano, por Chile y por todo Latinoamérica. Este es un tema donde Chile siempre ha asumido las cosas con seriedad y recordemos que en agosto del 2009 Chile con Bolivia llegaron a un acuerdo con respecto al uso de las aguas del Silala".

El diputado comentó que Chile "ha sido diplomático para manejar este tipo de problemas. Ahora, que el señor Evo Morales lo use como artimaña para mantenerse vigente dentro de su país y en un contexto internacional, la verdad es que es algo que ya la gente no cree. Evo Morales vuelve a engañar a su gente y los arrastra a un conflicto internacional del cual espera sacar dividendos".

El consejero regional Ovidio Santos denunció que a pesar de que se instalaron las antenas telefónicas en Belén, la comunicación inalámbrica no se produjo de forma efectiva. Incluso señaló que la antena no ha servido de nada en la pasada emergencia meteorológica. Motivo por el cual pidió una respuesta a las autoridades para que hagan operativas dichas antenas lo antes posible.

"Lo inquietante es que son los pobladores los afectados, quienes en su mayoría se dedican a la agricultura y ganadería, que al saber que tendrían telefonía celular, adquirieron sus teléfonos, algunos de última generación , pero de qué les sirve, si no funciona el sistema", recalcó el core.

Santos manifestó que ya ha hecho un reclamo formal ante la intendenta regional, Gladys Acuña, extensivo al subsecretario de Transportes.

En respuesta a esta denuncia, Arturo Gómez, seremi de Transportes y Telecomunicación de la XV región manifestó que es un proyecto que está a prueba. "Las empresas que se adjudicaron la licitación tienen 18 meses de plazo para que puedan desplegar las antenas en las localidades. Este plazo es desde su instalación hasta su recepción final. Y en Belén el proyecto está dentro de sus plazos y deberían estar listas en marzo del 2017 y tengo entendido que está en período de pruebas , por eso de repente hay señal y a veces no", explicó Gómez. "Las empresas no pueden entregar la señal hasta que tengan recepción final de parte de la Subsecretaría de Telecomunicaciones", agregó el seremi de Transportes.

En la Junta de Vecinos de Tacora, se realizó la primera reunión de la planificación del proceso de consulta previa de la solicitud de concesión de explotación geotérmica "Volcán Tacora", de la empresa Infinergeo SPA. En dicha reunión se enfatizó que la consulta previa es un "proceso de diálogo, que debe ser previo, libre e informado, conforme a los principios del Convenio N° 169 de la Organización del Trabajo", comentó el seremi de energía Raúl Montoya. El seremi también explicó que bajo el principio de buena fe, los plazos de trabajo pueden extenderse más allá de lo señalado en la norma nacional. Uno de los acuerdos de la reunión fue replicar la actividad en Arica, de modo que las familias de las comunidades asistentes puedan también informarse del alcance de esta consulta previa a la concesión de Explotación Geotérmica. Según lo estipulado por el convenio, las comunidades tienen la posibilidad de establecer condicionamientos para el desarrollo del proyecto, tanto en aspectos técnicos como de carácter territorial. Asimismo, este proceso es previo al ingreso a la evaluación ambiental, lo que permite que las comunidades puedan incidir en una etapa temprana sobre estas iniciativas.