En medio de una agitada discusión, la reforma laboral avanza en el parlamento y, me temo, sin mucha compasión con la realidad. Para ser justos, todos los que se han referido al tema han dicho que se trata de un primer paso y que falta mucho por legislar en el mercado del trabajo. En otras palabras se trataría de un avance mínimo; que más parece una transacción que equilibra (un poco) la relación de fuerzas entre empleadores y trabajadores sindicalizados. Pero es realmente mínimo. Consideremos que la fuerza de trabajo en Chile son algo más de ocho millones de personas y los trabajadores sindicalizados no alcanzan al millón, es decir un poco más del 10% de la fuerza de trabajo. Además, considere que poco más del 60% de los trabajadores tiene contratos laborales (algo más de cinco millones) y eso incluye a casi un millón y medio de trabajadores que no están incluidos en el Código del Trabajo (empleados públicos, servicios sociales y comunales, servicio doméstico entre otros). Creo que el potencial de sindicalizados apenas superará el 20% de la fuerza de trabajo.

He comentado en otras ocasiones que la reforma tampoco contiene normas nuevas que apoyen objetivos de aumento de la productividad ni de mayor cobertura de beneficios sociales. Pero es que además sigue dejando fuera a numerosos tipos de trabajadores como los públicos, municipales, esporádicos, por cuenta propia, etc.

Además, los cambios del mercado del trabajo están produciendo exclusiones inaceptables en todo el mundo. En Chile la Casen 2011 mostraba que había alrededor de 600.000 jóvenes, entre 15 y 24 años que ni estudia ni trabaja. Los "ninis" podrían ser hoy tantos como los trabajadores sindicalizados y son un fenómeno reciente en Chile, pero que está documentado en países desarrollados hace más de 10 años.

Capacitación, formación para el trabajo, productividad, son temas recurrentes y en Chile están cambiando drásticamente y gritan la participación del Estado. Pero no se oye.

Distintas circunstancias han ido dejando en evidencia lo urgente que es el que Arica tenga una nueva gestión vial. Desde el verano con las reparaciones de las calles, hasta la llegada de marzo con el regreso a clases, se ha observado cómo hay sectores en donde los flujos viales se tornan críticos debido a la gran cantidad de vehículos que circulan por la ciudad.

Se espera que cerca de 60 mil vehículos renueven este año su permiso de circulación en Arica, lo que da una idea clara del enorme parque automotriz que tiene la ciudad. Muchos de estos vehículos, son automóviles que se desplazan con uno o hasta dos pasajeros solamente, lo que aumenta la ineficiencia del sistema.

Los gremios de taxis colectivos han mostrado su preocupación ante esta realidad especialmente en los últimos años, cuando la congestión vial ha estado dejando de ser algo circunstancial y acotado, para convertirse en una cuestión casi permanente en algunos sectores. De hecho, los mismos transportistas hablan de más de 80 puntos críticos identificados.

Hoy, la gestión por parte de las autoridades, organismos y servicios relacionados con el transporte y el tránsito en la ciudad se hace más urgente. Los colectiveros han planteado desde la restricción vehicular, hasta cambios de sentido en algunas calles o un perímetro de exclusión como eventuales soluciones. Pero no son ellos quienes pueden tomar decisiones y ordenar definitivamente el caos que por momentos se vive en muchas calles de Arica.

La gestión vial requiere de la participación, los acuerdos y el trabajo conjunto de distintos sectores, pero que también existan propuestas claras con metas serias y realizables, verdaderas soluciones. Analizar flujos y tiempos, revisar zonas ocupadas por estacionamientos a media calzada, analizar sectores que requieren más y mejor locomoción colectiva, fiscalizar el buen funcionamiento del transporte público y por qué no, trabajar decididamente para fomentar el uso de las bicicletas como medio para movilizarse en la ciudad.

En otras palabras, hay mucho que hacer. Pero no basta el diagnóstico, lo que importan son las acciones.