Un día después de que el ex senador Pablo Longueira anunciara su renuncia a la UDI a raíz de los cuestionamientos en su contra por el caso SQM y la ley de royalty minero, el ex Presidente Sebastián Piñera defendió esta legislación impulsada por su Gobierno y aseguró que serán los tribunales de justicia los que deberán resolver la situación del ex ministro.

"Tengo la más plena convicción que la ley de royalty minero que nuestro Gobierno promovió y logró aprobar fue muy buena y necesaria", afirmó el ex Mandatario, añadiendo que la iniciativa permitió recaudar más de US$ 3.200 millones que fueron destinados al proceso de reconstrucción tras el 27-F.

El ex Jefe de Estado enfatizó que quienes redactan los artículos son los que envían los proyectos de ley, y en este caso "quien preparó, redactó, envió al Congreso, defendió y logró su aprobación fue el Gobierno" que él presidió. "Y por lo tanto, respecto a la ley, sus contenidos y resultados, yo no solamente asumo mi plena responsabilidad, sino que insisto fue una muy buena ley, fue una ley exitosa que fue una parte fundamental del gran esfuerzo de reconstrucción", agregó.

En cuanto al artículo que habría sido enviado a Longueira por el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, y que luego se incluyó de manera textual en el proyecto, el ex gobernante restó importancia al hecho, señalando que siempre se reciben propuestas de múltiples sectores.

Un grupo de diputados de la Nueva Mayoría presentó ayer una moción para anular el cuestionado artículo 4 transitorio de la Ley sobre Royalty minero, luego de que se filtrara un intercambio de correos electrónicos entre el ex senador Pablo Longueira y el ex gerente general de SQM Patricio Contesse, donde este último redactó una indicación que posteriormente fue aprobada textualmente en el Senado. "Este artículo se obtuvo bajo la corrupción más descarada y esta norma no puede ser Ley de la República. No podemos tolerar que a través de esta norma haya un saqueo del Estado de Chile, está ocurriendo un descarado robo", dijo el diputado comunista Hugo Gutiérrez. Explicó que es necesaria la anulación y no la derogación, ya que o sino las empresas beneficiadas con el artículo deberían ser compensadas por el Estado.