Tras cinco años de investigación penal, finalmente los seis acusados por la fallida alerta de maremoto tras el megasismo registrado en la zona centro sur del país la madrugada del 27 de febrero de 2010, aceptaron los requisitos de la Fiscalía para cerrar un acuerdo y suspender el proceso en su contra. Según detallaron a Emol fuentes que conocen las tratativas, el ex subsecretario de Interior Patricio Rosende Lynch deberá pagar $80 millones, mientras que la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) Carmen Fernández, la mitad de la ex autoridad de Gobierno, es decir, $40 millones. Por su parte, el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la ONEMI, Johaziel Jamett, deberá desembolsar $5 millones.

La abogada Bárbara Salinas y el economista Rafael Garay denunciaron ayer, ante la Fiscalía Metropolitana Oriente, una estafa similar a la que habría realizado la empresa AC Inversions. Según los denunciantes, se trata de la firma IMForex, que operaría de la misma forma que la empresa de Patricio Santos, en prisión preventiva desde el viernes pasado tras salir a la luz el supuesto caso de estafa piramidal de $ 52 mil millones.

Salinas, que presentó la querella en representación de un supuesto afectado por parte de IMForex, fue recibida por el fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad del organismo persecutor, Carlos Gajardo, quien según la abogada, accedió a realizar diligencias para determinar si la entidad en cuestión opera igual que AC Inversions.

"Entregamos antecedentes concretos de la primera víctima de esta empresa que sigue el mismo esquema de AC Inversions, que es la empresa IMForex, y por otro lado entregamos al fiscal antecedentes más técnicos", sostuvo la jurista, quien comunicó que la acción legal fue presentada por los delitos de estafa y asociación ilícita.

La denuncia también apunta a la infracción al artículo 37 de la Ley de Bancos, que señala que una persona natural o jurídica no está autorizada para captar fondos de terceros con el ánimo de generar ganancias.

Salinas detalló que en este nuevo supuesto caso de engaño, los afectados llegarían a los 1.500 y que el perjuicio superaría al causado por la firma AC Inversions.