Un grupo de 300 afectados por la estafa piramidal cometida por la firma AC Inversions interpuso ayer la primera querella colectiva, presentación en la que exigen compensaciones e indemnizaciones y dilucidar el paradero de $52 mil millones acreditados que manejaba la empresa.

Las víctimas se reunieron en el ex Congreso con los diputados Daniel Farcas (PPD) y Gabriel Silver (DC), y con el abogado Mario Zumelzu, quien patrocinó la querella junto a la abogada Carolina Contreras sin costo para los afectados.

"Vamos a presentar la querella por estafa, pero también por lavado de activos. El delito de estafa es un delito base para el delito de lavado de activos, pero también por la infracción a la Ley de Bancos", dijo Zumelzu.

"Lo hacemos porque nos produce una profunda indignación el abuso del cual han sido objeto: hay gente que se endeudó, que vendió bienes, que comprometió los ahorros de una vida para invertir", explicó Zumelzu, militante de la UDI y quien ha participado como querellante en el caso Caval.

Posible comisión

El diputado Silber explicó que a partir de este caso se realizarán "todas aquellas acciones penales, civiles, legales y administrativas y, por cierto, que tengan que ver con cambios a la ley" e incluso la adopción de una comisión investigadora, para indagar la actuación de entidades como el Ejército y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), que habría tenido antecedentes previos de la operación de AC Inversions.

"Aquí hubo controles que fallaron y ahí incluso estamos analizando una posible comisión investigadora de la Cámara de Diputados para citar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), sobre la información, si la tenía, por qué no poner en alerta el caso, por qué el Ejército de Chile hizo una investigación paralela y solamente alerta a sus funcionarios", afirmó el parlamentario.

El parlamentario de la DC criticó la forma de actuar del Ejército en este caso.

"No puede ser que el Ejército opere simplemente en beneficio de sus propios miembros y afiliados, y no use el mismo nivel de protección y cuidado para los demás chilenos", comentó.

"punta del iceberg"

El abogado Mauricio Daza, querellante en el caso, aseguró ayer a radio Cooperativa que "lo que se conoce al día de hoy es la punta del iceberg".

De acuerdo al profesional, los cerca de 5.000 afectados y más de $ 50 mil millones de perjuicio económico sería solo una estimación inicial.

Un sondeo nacional realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT) reveló niveles bajos en la percepción de confianza de los ciudadanos, tanto en el sector público como en el privado.

El VII Estudio Nacional de Transparencia, realizado en octubre a 2.854 personas en todo el país, tuvo como resultados valores de 4,2 y 4,3 para los sectores público y privado, respectivamente, en una escala del 1 al 10.

La región que mostró niveles más bajos de confianza en ambos sectores fue Atacama, con una valoración de 3,3 (público) y 3,2 (privado). En tanto, la Región de Coquimbo mostró los niveles más altos en el ámbito público con un 5,1 y Los Ríos evaluó el sistema privado con un 5,9.

En cuanto a la recepción confiable de la información que se solicita a un organismo público, el 40% del total se manifestó de acuerdo o muy de acuerdo.

Sobre si es confiable la información que los organismos públicos ponen a disposición de los ciudadanos en sus páginas web, el 37% respondió de manera favorable.

El estudio también consultó a los encuestados su percepción de transparencia respecto de los organismos públicos y sus funcionarios.

Producto de los hechos de violencia ocurridos en los últimos días en el sur del país, la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) condenó estos incidentes y pidió, al igual que la Multigremial de La Araucanía, estudiar la aplicación del Estado de Excepción en las zonas del sur más afectadas.

El conglomerado gremial también anunció que solicitarán una reunión con el ministro del Interior, Jorge Burgos.

"El país ha visto cómo se han ido incrementando la violencia en las regiones del Bío Bío, Araucanía y Los Lagos, con actos cada vez más osados y audaces", señala el comunicado, que alude al último atentado que afectó a una caravana de 18 camiones en Tirúa. Tras el incidente, ocurrido a plena luz del día el miércoles, seis camiones resultaron totalmente quemados y una mujer resultó herida.

"Ha llegado el momento de replantearnos como país la política y las acciones empleadas para enfrentar los actos de terrorismo que afectan a estas tres regiones", manifestó la CPC, que propuso medidas para enfrentar esta situación.