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Inician última relocalización para afectados por plomo

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Durante esta semana el Serviu comenzó los movimientos de tierra, limpieza y retiro de escombros para la materialización del último proyecto habitacional dirigido a familias afectadas por polimetales en Arica. Se trata del lote ubicado en el sector Punta Norte, donde se construirán 258 casas para concretar la cuarta y última etapa de relocalización para familias afectadas por polimetales. El director regional del Serviu, Juan Arcaya, inspeccionó las primeras obras de limpieza del terreno y destacó este hecho porque con ello comienza a ser una realidad la materialización de un esperado proyecto; "con el fin de sacar adelante esta iniciativa, durante los últimos meses hemos coordinado y sostenido diferentes reuniones de trabajo con los dirigentes de los tres comités, además de realizar una consulta ciudadana para la ejecución de un nuevo plan de inhabilitación que cumpla con las expectativas de los vecinos que se van a mantener en el sector hasta la entrega de sus futuras viviendas en el año 2016-2017, por lo que es importante mantenernos unidos y cumplir con éxito el proyecto según lo establecido". En el marco del Programa de Intervención en zona con presencia de Polimetales, el Estado de Chile asumió desafíos, como la entrega de 376 casas en el sector Punta Norte (comités Villa Monte Sol, Villa Sol del Valle y Las Tres Villas) 239 departamentos (Doña Elisa y Santa Magdalena) y 258 nuevas casas en proceso de inicio de obras, completarán 873 familias atendidas, correspondientes a la totalidad de la población Cerro Chuño.

Superficie edificada aumentó en un 23,4% en la región

Alza corresponde a la comparación con el año anterior y en un 124% respecto al mes previo.
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En el mes de diciembre de 2015, la superficie total autorizada de obras nuevas y ampliaciones alcanzó 68.811 metros cuadrados, experimentando un aumento de 23,4%, respecto a lo alcanzado en diciembre de 2014.

En el margen se observa un alza en la superficie mensual autorizada, obteniendo un crecimiento de 124,3%, lo que es equivalente a un aumento de 68.262 m2 respecto a noviembre de 2015. Con este resultado la variación acumulada alcanzó un 45,7% en lo que va del año.

Estos datos fueron entregados a través de un boletín por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a través de los datos de la Dirección de Obras Municipales. Dicha información se clasifica según destino en: Vivienda, Industria, Comercio y Establecimientos Financieros (ICEF) y Servicios.

No habitacional

Este resultado fue consecuencia, principalmente, de un aumento del destino no habitacional en 42,3%.

Este porcentaje totalizó 57.715 m2, lo que marcó un aumento de 17.169 m2 solicitados respecto al año anterior. En tanto respecto de la diferencia mensual, se observa un aumento de 57.715 m2, esto a raíz de que el mes pasado no existe superficie declarada.

En el subsector Habitacional, la superficie destinada fue de 11.096 m2, cifra que presentó una disminución de 27,1% (4.134 m2), comparado con el año anterior.

Asimismo, se observa un crecimiento de 19,2% (10.547 m2) respecto al mes anterior.

Llaman a respetar nueva Ley de Inclusión en los colegios

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La Superintendencia de Educación comenzará a fiscalizar la entrada en vigencia de la ley de inclusión que regirá a contar del 1 de marzo del presente año.

Al respecto, Rosa Lozano, superintendenta de Educación de la región de Arica y Parinacota, expresó que "ahora que estamos ad portas del nuevo inicio del año escolar estamos con una nueva ley que forma parte del ciclo de la reforma educacional como es la ley de inclusión y destacaría el cómo nosotros podemos cumplir la normativa vigente con respecto a los útiles escolares, los uniformes y los textos escolares".

En el marco de la nueva normativa aclaró que como superintendencia de Educación les corresponde difundir que "no se pueden tomar medidas de sanción en contra de los estudiantes porque ellos no cuentan con el uniforme, los textos o los útiles escolares solicitados por los establecimientos".

Resaltó la directora regional que no se puede suspender de clases, devolver a su domicilio al escolar o cualquier otra sanción que impida que el alumno pueda asistir normalmente a clases estando matriculado.

Para la educadora, el sentido de la ley es que como una sociedad que se reconoce multicultural, donde existe una gran población de migrantes y pueblos originarios, "es que nosotros tenemos que resguardar el derecho que tienen todos estos niños a la educación del país".