Apartir de los años '80, el acceso al crédito de consumo adquirió una progresiva importancia en Chile. Sin embargo, la contratación de préstamos por sobre la capacidad de los ingresos familiares ha generado un largo debate acerca de si los hogares están sobre endeudados, considerando que esos compromisos desembocan en trastornos económicos, financieros, sociales y dramas familiares.

Hace unos días se ha precisado que casi 3 millones 800 mil morosos están en los registros de Dicom. Muchos han caído en lo que se denomina "bicicleta financiera", es decir, pedir un préstamo para pagar las deudas de otro crédito, con lo cual se crea un círculo vicioso del cual es muy difícil salir, a menos que vendan un bien importante para solventar los compromisos y volver a ordenarse.

El endeudamiento no responsable es una espiral a la que se ingresa con mucha facilidad pero de la cual es difícil salir. La deuda de los hogares se duplicó en la última década, por el incremento del uso de tarjetas de crédito que ofrecen un amplio sistema de cuotas para la compra de bienes, pero los intereses que terminan asfixiando a muchas familias.

Es cierto que el acceso al crédito ha permitido que las familias aumenten sus niveles de consumo y modifiquen sus condiciones de vida, pero también se ha acompañado de un incremento del endeudamiento. De acuerdo con algunos economistas, el nivel de deuda a nivel general se mantiene dentro de parámetros normales, porque la gran mayoría cumple con sus compromisos. No obstante, a medida que se ha abierto el acceso al crédito para los segmentos medio-bajo y bajo, especialmente, éstos han caído en un sobreendeudamiento.

Algunos informes revelan que Chile lidera las compras de vestuario en América Latina y tiene el parque automotor más moderno. Obviamente, no se trata de renunciar a un sistema que ha permitido a las familias acceder a nuevos bienes y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, un sector importante no lo ha asumido con la debida responsabilidad. Las empresas deberán revisar sus parámetros, para no generar una burbuja de deudores insolventes.

El convenio 169 de la OIT, norma supralegal obligatoria en nuestro país, contiene entre otras disposiciones normas penales. Muy a grandes rasgos, se establece que deberá darse prioridad a los métodos de resolución de conflictos penales tradicionales de los pueblos originarios, y en caso de no hacerse aquello, los tribunales deberán considerar las costumbres de los pueblos, y sus características económicas, sociales y culturales, estando además obligados a dar preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.

¿Cuánto de eso se cumple en Chile actualmente? Estamos en deuda, no cabe duda. La Fiscalía y los Tribunales, salvo honrosas excepciones, malentendiendo el concepto de la igualdad ante la ley, no dan ningún tratamiento especial a quienes provienen de pueblos originarios (o si lo hacen, es en su desmedro, como prueba la política de persecución penal hacia el pueblo mapuche), dejando de lado la consideración de sus características o costumbres ancestrales, como el uso de la hoja de coca, la forma de realizar el pastoreo, el uso ancestral de especies protegidas, etc. Las sanciones aplicadas tampoco dan preferencia a alternativas, y suelen de hecho ser más duras en estos casos.

La Defensoría Penal Pública considera un deber hacer valer la normativa del convenio 169, para lo cual cuenta con un completo equipo de profesionales especializados en temas interculturales, que buscan presentar ante los tribunales en su justa dimensión las costumbres y la cosmovisión de nuestros pueblos originarios. Queda un largo camino por recorrer, pero para ello primero es necesario querer andarlo. Hasta el momento esa voluntad no se ha visto en los principales actores del sistema penal, pero no perdemos la esperanza de que en algún momento llegará, y el primer paso hacia una sociedad más inclusiva y más respetuosa de los derechos humanos, se habrá dado.