El lado oscuro
Anuncios informales sobre una Ley Corta destinada a reformular el sistema de gratuidad en la educación superior han sido objeto de intenso debate, principalmente porque la asignación de los recursos dejaría fuera de la gratuidad a tres universidades estatales. Eso no significa que las universidades pierdan financiamiento, sino que los aportes fiscales se mantendrán como en la actualidad, financiando a los estudiantes y no a las universidades.
El criterio que las dejaría fuera sería los años de acreditación institucional pues las tres afectadas (Los Lagos, Arturo Prat y Tecnológica Metropolitana) tienen sólo tres años de acreditación.
Y es cierto que es dudoso usar la acreditación como criterio, pues tanto la CNA como varias entidades acreditadoras han cometido fraudes y sobornos recientemente. El sistema está en evolución y en ese sentido no parece plenamente confiable. También es inconsistente que el Estado trate de la misma manera a las universidades propias y a las ajenas.
En esos sentidos, el reclamo parece justificado.
Pero es que las instituciones afectadas tienen prontuario. La UNAP es la Universidad del Shopping en Arica y de los programas de pregrado los fines de semana. La UTEM es la autora del fraude de la carrera de Perito Forense, entre otras calamidades. La ULagos tiene 30 sedes precarias y encabeza el ranking de reclamos entre las estatales. Se han comportado de manera indigna de su condición de universidad estatal. Además, cuando el Estado hace un convenio con instituciones propias o ajenas, asume una responsabilidad obvia ante los "beneficiarios". De hecho, hasta para postular a una licitación estatal las empresas deben demostrar y garantizar seriedad.
Finalmente, cuesta entender la posición de los demás rectores de Universidades estatales, pues al solidarizar con las afectadas, se están comportando como un grupo de interés. Se ha criticado que los gremios empresariales solidaricen con los que atentan contra la competencia. Entonces ¿cómo se entiende esta defensa gremial?