Por 106 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley que crea el delito de colusión, eleva las multas a las compañías pactadas y penaliza hasta con prisión a sus ejecutivos. La iniciativa cuenta con urgencia por parte del Gobierno desde que hace unas semanas se descubrió un acuerdo por el mercado del papel higiénico entre CMPC Tissue y SCA Chile.

Si se aprueba con su articulado actual, perseguirá a todos los pactos que apunten a fijar precios de bienes o servicios en uno o más mercados; a limitar sus producciones o provisiones; a dividir, asignar o repartir zonas o cuotas de mercado; y afectar el resultado de licitaciones públicas o privadas convocadas por órganos fiscales, por empresas públicas creadas por ley, en las que el Estado tenga participación.

El texto dispone una pena principal de presidio desde 5 años y un día a 10 años, y una pena privativa de libertad efectiva por lo menos de un año. J

En un intento por destrabar la tramitación del proyecto, el Gobierno propuso aumentar de 250 mil a 330 mil los jóvenes que estudiarán gratis en la educación superior el próximo año.

Los ministros de Educación, Hacienda y Presidencia, Adriana Delpiano, Rodrigo Valdés y Nicolás Eyzaguirre, le plantearon a parlamentarios de la Nueva Mayoría que se cubrirían 220 mil por gratuidad y 130 mil por la Beca Nuevo Milenio, destinada a alumnos de institutos y centros técnico profesionales.

Valdés llamó a la comisión especial mixta de Presupuestos a que apruebe hoy el proyecto, dado el rechazo que había adelantado la DC.

Los cambios fueron anunciados junto al presidente de dicha comisión, el senador falangista Andrés Zaldívar, quien añadió que también hicieron peticiones sobre el traspaso de dineros por adelantado a las universidades. El Gobierno se comprometió además a un proyecto para reformar el Aporte Fiscal Indirecto (AFI). J

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) interpuso ayer una demanda colectiva contra las empresas Agrosuper S.A., Ariztía S.A. y Agrícola Don Pollo Limitada, condenadas por haberse coludido en el precio de sus productos y haber afectado a los consumidores.

El director del organismo, Ernesto Muñoz, anunció ayer que la intención de la medida es que las compañías compensen a los afectados que tuvieron que pagar un precio más alto por los pollos, un alimento de primera necesidad, sin poder acceder a un monto más competitivo, ni al que estaban acostumbrados.

Según Muñoz, no basta sólo con las multas dictadas por la justicia, que en septiembre de 2014 el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) condenó a las empresas al pago de multas a beneficio fiscal por un total de 60 millones de dólares. La sentencia fue ratificada por la Corte Suprema a fines de octubre y este martes se dictó la resolución denominada "cúmplase".

En el detalle, el organismo estableció que Agrosuper y Ariztía paguen un total de US$25 millones, mientras que Don Pollo deberá cancelar US$10 millones.

Según informó el TDLC entonces, las tres empresas aumentaron artificialmente el precio de los pollos en un 14% aproximadamente en cerca de 15 años para controlar la producción del producto.

EMPRESA

Tras la ratificación, la empresa Agrosuper lamentó que no hayan sido acogidos sus argumentos técnicos, económicos y jurídicos, "avalados por connotados economistas, abogados y entidades expertas, con los que dejamos en evidencia los errores incurridos por la Fiscalía Nacional Económica en su requerimiento". Además aseguró que la compañía "redoblará sus esfuerzos a fin de que su gestión continúe en la senda de incorporar los más altos estándares en la actividad".

La compañía ayer fue consultada sobre la demanda interpuesta ayer por el Sernac, sin embargo, aseguraron que no se referirán al tema. J