Las 150 atenciones "éticas" que estaban realizando los funcionarios en cada una de las oficinas del país se frenarán desde el lunes si el Gobierno no accede a pagar un bono, anunció ayer la presidenta de los trabajadores del Registro Civil e Identificación, Nelly Díaz.

"El paro se radicaliza el lunes y no habrán más turno humanitarios (...) Nosotros radicalizamos el paro por culpa del Gobierno. Esperamos un gesto del Gobierno", dijo.

Díaz acusó al Ejecutivo de poner a rompehuelgas para mantener servicios, como ocurriría desde el lunes si el gremio mantiene el paro. Esa medida busca al menos continuar celebrando los AUC y matrimonios civiles, algo que los funcionarios sólo los cursarían hasta el domingo.

Para frenarlo, la entidad, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio del Interior y Servicios Afines (Fenaminsa) presentaron un recurso de protección.

"Nuestros funcionarios no tienen la competencia y los están obligando (…) Cualquier plan de contingencia debe ser desarrollado por los funcionarios de confianza del Gobierno", alegó el presidente de Fenaminsa, Marcos Dinamarca.

Los 25 días de paro han afectado la realización de unos 1,8 millones de trámites, como renovación de cédulas, pasaportes, de extranjería e inscripciones de nacimiento.

Díaz lamentó los efectos en la ciudadanía. J

El ministro Juan Manuel Muñoz aceptó la solicitud de la defensa de 3 víctimas del cura Karadima, para que el Papa Francisco declare por exhorto como parte de la demanda contra el Arzobispado de Santiago por los supuestos actos de encubrimiento de obispos en los abusos sexuales cometidos en la parroquia El Bosque de Providencia. El abogado de los demandantes, Juan Pablo Hermosilla, explicó a radio Cooperativa que la solicitud se sustenta en las declaraciones viralizadas por internet en que el pontífice asegura que la justicia eximió de cualquier responsabilidad al obispo de Osorno, Juan Barros.J