"Como una familia de clase media esforzada nos sentimos absolutamente abatidos por esta decisión de la Corte Suprema", expresó Roberto Camp Araya, padre de Felipe, quien falleció el 7 de julio del 2010 luego de caer de una gradería durante una actividad extraprogramática.
El lunes, la Corte Suprema ordenó al Junior College pagar una indemnización de 50 millones de pesos a los padres y a los hermanos del menor.
"Durante 5 años hemos soportado una profunda tristeza, agravada por extrañas circunstancias que nos hacen pensar en la existencia de una auténtica red de protección que opera en este caso para que no se esclarezca la verdad sobre la muerte de nuestro hijo", expresó.
Respecto al fallo, Roberto dijo que la justicia civil dicta sentencia sobre el caso y pese a haber encontrado responsable al colegio, "la honorable Corte Suprema, aun así nos llamó a un comparendo de conciliación, estableciendo que nuestro hijo fue víctima de un accidente evitable si el colegio hubiera tomado las medidas correctas", planteó.
Asimismo, el padre del menor dijo que no es cierto que se estableciera que Felipe comenzó una riña, puesto que fueron ciertos alumnos de Cuarto y Tercero medio quienes momentos antes del accidente comenzaron con insultos de grueso calibre. "Mi hijo junto a otros compañeros testigos de lo ocurrido solicitaron la intervención del inspector, y este no acudió a establecer el orden, así como también a su profesora y ninguno de estos adultos estableció el orden e impidieron la tragedia que terminó con la vida de nuestro hijo".
Agregó no estar de acuerdo con el dictamen de la Suprema y los comentarios que emitió el abogado que representó al establecimiento. "Los comentarios del señor Ignacio Palma no hacen más que confirmar nuestras dudas, con la mínima indemnización económica que se fijó. Claramente lo económico está por sobre la moral y la ética que debiera tener un establecimiento que se jacta de ser unos de los mejores y más caros de la ciudad. La irreparable pérdida de Felipe y las circunstancias en que se generó el accidente nos llama, como padres, a pedir que no se ignore esta situación, porque nos interesa que los trágicos hechos no se vuelvan a repetir ni afecten a otras familias cuyos apoderados también confían, como nosotros lo hicimos, en que el colegio le entregaría a nuestros hijos educación, formación y seguridad. Solo pedimos Justicia y verdad, no una negociación que salve el prestigio de un colegio privado".
Roberto Camp, también aclaró que Esteban Basaure, ya no es el abogado de la familia, este solo inició la demanda. J
