El gobierno anunció una nueva propuesta de gratuidad en educación superior que abarcaría al 50% más vulnerable de los estudiantes y, de esta manera, incorporar a universidades privadas, siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos.

Estos dejarían fuera a cinco de las seis casas de estudios de la región, lo cual significa que más de siete mil estudiantes no podrían acceder a la gratuidad.

Requisitos

Cuando recién se dio a conocer este proyecto se explicó que sería para el 60% de los estudiantes más vulnerables y sólo para las universidades públicas, pero esta semana Michelle Bachelet anunció que ahora se verá beneficiado el 50% de los alumnos tanto de las universidades del Cruch e instituciones privadas que cumplan con tres requisitos.

Estos son: ser sin fines de lucro, estar acreditados 4 o 5 años y tener un gobierno universitario democrático, lo cual significa que los diferentes estamentos participan en las tomas de decisiones.

Alumnos fuera

De las seis instituciones que brindan educación superior en la región, sólo una (la UTA) se ajusta a lo que propone el proyecto y eso significa que más de siete mil alumnos no pueden ni siquiera postular.

Según el Consejo Nacional de Educación Superior, este año la región tiene 15.256 alumnos: 4.670 en centros de formación técnica (CFT), 1.448 en institutos profesionales (IP), 1.577, en universidades privadas y 7.561 en universidades del Consejo de Rectores.

Cómo los CFT, IP y universidades privadas de la región no entrarían en el proyecto, porque no cumplen con los requisitos, un 50,4% de los alumnos no puede postular al beneficio.

45% de la región

El rector del CFT Tarapacá, David Alvarado, explicó que el 45% de la matrícula regional se encuentra en su institución y de ellos el 75% pertenece a los tres primeros quintiles.

"Indudablemente hay un avance en la gratuidad, pero no estamos conformes con el anuncio, porque hemos pedido en bastantes oportunidades, la posibilidad de poder convertirnos en corporación o fundación sin fines de lucro para estar en líne con las políticas públicas, pero no se puede", comentó.

Hay 7 CFT que se crearon en los '90 al alero del Cruch y se debieron conformar como sociedades anónimas.

Al cambiar de sociedad anónima a fundación o corporación, también cambia la razón social y con ello la autonomía y acreditación.

"Sólo una ley corta permitiría que una institución con fines de lucro, pasara a una sin fines de lucro manteniendo su acreditación. Nosotros tenemos más de 4 años, no se puede decir que lucramos sólo por el concepto jurídico. En Arica no hay institución que entregue gratuidad, porque no cumplen con el requisito de sin fines de lucro", agregó.

Más inclusión

El director de la sede de la Universidad de La República, Renán Ordóñez, que es una de las ues privadas de la región, comentó que gran parte de los alumnos de la casa de estudios son trabajadores de bajos ingresos por lo que están dentro de los quintiles más bajos, "cómo nosotros no estamos dentro, no nos parece bien, porque las exigencias que se están colocando limitan a pocas universidades que cumplen.

Por lo tanto habría que observar el proceso legislativo y ver si se pueden hacer correcciones".

María A. Fernández directora de docencia y vinculación en Arica de la Universidad Arturo Prat dijo que hay programas para trabajadores por lo que son alumnos que solventas ellos mismos sus estudios, " nuestros alumnos dependen de la promulgación final de la ley, no hay certezas hasta el momento". J