El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, dijo ayer que siguen atentos la declaración conjunta celebrada el martes entre Perú y Bolivia, en la que el Presidente Ollanta Humala respaldó la demanda marítima altiplánica que lidera su par boliviano Evo Morales.

"Tomamos nota", dijo el ministro, que expresó dudas sobre la redacción del texto. El presidente de la comisión de RR.EE. del Senado, Francisco Chahuán, dijo que lo hecho por Perú sería de un "oportunismo inaceptable" y pidió el envío una nota de protesta a Lima.

No obstante, ante el revuelo causado, el embajador de Perú en Chile, Fernando Rojas, descartó que su país le haya entregado un apoyo explícito a Bolivia, tal como se informó en la víspera, día en que ambas naciones se reunieron en la frontera de los dos países.J

Cuatro funcionarios de Carabineros fueron dados de baja y quedaron en prisión preventiva ayer, tras seis meses de investigación en la Fiscalía Metropolitana Sur, que los vincula con una banda dedicada al robo de entidades que manejan dinero. Los imputados son los cabos Alvaro Castillo, Giovanni Seguel y Celso Concha, y el sargento Paulo Vásquez. El grupo fue formalizado bajo los cargos de robo con intimidación, robo en lugar no habitado, cohecho y porte ilegal de munición, porque supuestamente no actuaba cuando los delitos se estaban cometiendo, y luego recibía una parte del botín de los delincuentes.

"Se tomo la decisión sobre la base de esta certeza administrativa de darlos de baja y colocarlos a disposición de un tribunal, para establecer el grado de involucramiento y participación en los hechos que se están investigando", explicó temprano el coronel Mario Rozas, jefe de comunicaciones sociales de Carabineros.

Tanto el vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, como el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, respaldaron la decisión. El primero destacó el "actuar decidido del mando de apartar de sus filas a quienes no están cumpliendo con el deber y el mandato que tienen (...) Nos parece que Carabineros merece el mayor de los respetos y el mayor de los respaldos". Añadió que la probidad de esta institución es un "activo" del país, que hay que cuidar.

Aleuy recalcó el rápido actuar del alto mando e informó que los funcionarios involucrados quedaron en manos del Ministerio Público y tribunales, para que se tomen las medidas correspondientes.

Parte de las pruebas presentadas en la audiencia fueron escuchas telefónicas de los involucrados, lo que para la defensa no era suficiente. J